En beneficio de empresa demandante
Juez de EE.UU. ratifica condena de 345 millones de dólares contra Greenpeace por daños y difamación en caso de oleoducto
En el caso se examina la responsabilidad civil de las ONG en el contexto de la protesta social y los límites de la libertad de expresión frente a la protección de la reputación corporativa. La sentencia define criterios sobre la cuantía de los daños y la atribución de cargos por conspiración e interferencia comercial, estableciendo un precedente sobre la vinculación legal entre las filiales nacionales e internacionales de una entidad ambientalista en acciones colectivas.
Un tribunal del Distrito Judicial del Suroeste de Dakota del Norte (Estados Unidos) dictó una sentencia definitiva que obliga a Greenpeace a resarcir con 345 millones de dólares a Energy Transfer, empresa desarrolladora del oleoducto Dakota Access. La resolución establece además un interés anual del 11% sobre el monto total, el cual comenzará a contabilizarse retroactivamente desde el 19 de marzo de 2025, fecha en que se anunció el veredicto inicial del jurado.
El origen de la cifra se remonta a una decisión previa del jurado del condado de Morton, que inicialmente fijó la compensación en 667 millones de dólares. Tras analizar las solicitudes de la defensa, el magistrado determinó reducir la cantidad aproximadamente a la mitad, al coincidir en que la suma original excedía los límites legales establecidos para los daños y perjuicios y presentaba inconsistencias en su formulación. La condena responde a cargos por daños ocurridos durante las manifestaciones de 2016 y 2017, así como por la difusión de declaraciones que afectaron la reputación de la compañía.
En cuanto a la distribución de responsabilidades, el fallo distingue entre las distintas entidades de la organización ambientalista. Mientras que Greenpeace USA fue declarada responsable de la mayoría de las demandas, las ramas Greenpeace International y Greenpeace Fund fueron sentenciadas específicamente por difamación e interferencia en actividades comerciales. Asimismo, el jurado declaró a Greenpeace USA y Greenpeace International responsables del cargo de conspiración, aunque eximió a las entidades internacionales de los daños físicos directos causados en el sitio de las protestas.
Ante la resolución, Greenpeace ha manifestado su intención de solicitar una enmienda a la sentencia o la realización de un nuevo juicio en el corto plazo. De no prosperar estas acciones, la organización conserva la facultad de elevar el caso ante la Corte Suprema de Dakota del Norte. Por su parte, Energy Transfer indicó que se encuentra analizando los pasos legales a seguir, manteniendo la posibilidad de solicitar a la instancia superior que se restablezca el monto indemnizatorio original otorgado por el jurado.
El proceso judicial ha completado siete años desde la presentación de la demanda en 2019. El conflicto escaló a raíz de las movilizaciones iniciadas por la tribu sioux de Standing Rock contra la construcción del sistema de transporte de petróleo crudo entre Dakota del Norte e Illinois. Durante el juicio, que se prolongó por más de tres semanas a principios de 2025, comparecieron docenas de testigos, incluyendo activistas indígenas, agentes del orden y empleados de ambas instituciones, para determinar el grado de participación de los grupos ambientalistas en los eventos.
Paralelamente, la disputa ha trascendido las fronteras estadounidenses, ya que Greenpeace Internacional ha iniciado un procedimiento legal contra Energy Transfer en los Países Bajos. En dicha instancia, la organización cuestiona la legitimidad del uso del sistema judicial para este tipo de reclamaciones corporativas.
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