Programa “Continuum of Care”
Estados de EE.UU. demandan al gobierno federal por modificaciones a programa habitacional para personas sin hogar
Los gobiernos estatales sostienen que la reducción de recursos para proyectos de vivienda permanente y la incorporación de nuevas condiciones administrativas alteran el funcionamiento del programa Continuum of Care. Además, alegan que la autoridad habría actuado sin cumplir los procedimientos formales exigidos y que los cambios podrían afectar a miles de beneficiarios actuales. La acción judicial busca suspender la implementación de las modificaciones y restablecer el esquema previo de financiación.
Una coalición de veinte Estados de EE.UU., junto con el Distrito de Columbia, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island contra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). La acción judicial pretende frenar la reconfiguración del programa Continuum of Care, un fondo federal que asciende a 3.600 millones de dólares y que constituye uno de los principales mecanismos de apoyo para iniciativas de vivienda y servicios para personas sin hogar en el país.
El litigio se centra en el Aviso de Oportunidad de Financiamiento correspondiente al año fiscal 2025. Este aviso reduce al 30% la proporción destinada a la renovación de proyectos de vivienda permanente, una cifra notablemente inferior al porcentaje que históricamente se había asignado para esa modalidad. Además, introduce requisitos que obligan a los beneficiarios de subvenciones a certificar que no emplean definiciones de sexo distintas del modelo binario.
Los Estados demandantes sostienen que estos ajustes vulneran la Ley de Procedimiento Administrativo y exceden los límites establecidos por la Ley McKinney-Vento, que ha guiado durante décadas la política federal orientada a la vivienda permanente con apoyo y a la realojación rápida. Según la demanda, el HUD no habría presentado fundamentos suficientes para alejarse del modelo conocido como Vivienda Primero, aplicado durante aproximadamente veinte años en la política federal de atención a personas sin hogar.
La acción judicial argumenta, asimismo, que la agencia federal habría implementado cambios sustanciales sin cumplir los procesos de notificación y consulta pública previstos en el Título 24 del Código de Reglamentos Federales. En el plano constitucional, los Estados afirman que las nuevas condiciones de financiación introducirían criterios no autorizados por el Congreso y que podrían rebasar los límites fijados en la jurisprudencia sobre la Cláusula de Gasto.
Los Estados advierten que la reducción de fondos para vivienda permanente podría afectar a programas que actualmente sostienen a decenas de miles de personas y generar desajustes significativos en las estructuras estatales creadas con base en los lineamientos anteriores del programa. La demanda solicita órdenes declarativas y cautelares que restablezcan la configuración de financiamiento vigente antes del aviso de 2025.
El caso se suma a otros cuestionamientos recientes a iniciativas del HUD en los que tribunales federales han evaluado condiciones similares en la asignación de recursos, como los presentados por el Condado de King y la Ciudad de Seattle a principios de este año.
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