Estado de Idaho (EE.UU) aprueba ley que prohíbe a personas transgénero utilizar baños públicos distintos a su sexo biológico

El Estado de Idaho (Estados Unidos) ratificó una legislación que prohíbe a las personas transgénero la utilización de servicios higiénicos y dependencias de cambio de ropa que no concuerden con su sexo biológico. La normativa estipula que la restricción es aplicable a los individuos que accedan a estas áreas con pleno conocimiento y voluntad.

En cuanto al régimen de sanciones, la primera infracción es calificada como un delito menor que puede acarrear hasta un año de cárcel, mientras que las conductas reiteradas, incluso si han ocurrido bajo leyes similares en otras jurisdicciones, se elevan a la categoría de delito grave con penas de hasta cinco años de privación de libertad.

Diversos sectores de la sociedad civil y representantes políticos manifestaron su rechazo a la medida. El senador estatal Ron Taylor informó que residentes del estado han expresado su intención de trasladarse a otras regiones ante el riesgo de que sus familiares enfrenten procesos judiciales. En una línea similar, organizaciones como Planned Parenthood han catalogado esta disposición como una de las más estrictas vigentes en el país, mientras que desde el Caucus Queer Demócrata se señaló un cambio de postura en la legislatura hacia acciones directas de restricción de derechos.

Este marco legal se suma a antecedentes normativos previos en el estado. Durante el año 2023, el proyecto de ley 1100 del Senado limitó el acceso a instalaciones en escuelas de nivel primario y secundario al sexo asignado al nacer, estableciendo además mecanismos de compensación económica de 5000 dólares en favor de estudiantes que detectaran incumplimientos por parte de pares transgénero. Posteriormente, en 2025, la Cámara de Representantes extendió estas prohibiciones a través del proyecto 264, abarcando centros de detención, albergues para víctimas de violencia doméstica, centros correccionales juveniles y recintos universitarios dependientes del Estado.

Desde el ámbito académico, el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de UCLA publicó un análisis en 2025 indicando que no existe evidencia empírica que vincule la presencia de personas transgénero en baños con un aumento de agresiones por parte de desconocidos. Investigaciones previas del mismo organismo, datadas en 2013, apuntan a que son los usuarios transgénero quienes enfrentan mayores riesgos en instalaciones segregadas, reportando un 68% de acoso verbal y un 9% de agresiones físicas.

La ACLU de Idaho ha sostenido que la vigencia de esta ley sitúa a estas personas ante la disyuntiva de utilizar espacios donde ven amenazada su seguridad personal o enfrentar consecuencias en el sistema de justicia penal.

Vea texto legal.