Acusa arbitrariedad
Empresa danesa demanda al gobierno de Estados Unidos por suspensión de multimillonario proyecto de parque eólico
La controversia jurídica se centra en la impugnación de las órdenes administrativas que paralizaron las obras con un 87% de avance. El conflicto escala a tribunales federales mediante demandas complementarias que buscan salvaguardar los derechos de propiedad y las inversiones frente a decretos de suspensión fundados en razones de seguridad nacional. La resolución judicial de las medidas cautelares solicitadas determinará la viabilidad operativa de proyectos energéticos valorados en miles de millones de dólares.
La empresa danesa Orsted, especializada en energías renovables, entabló una nueva acción legal contra el gobierno del presidente Donald Trump a raíz de la suspensión del proyecto eólico marino Revolution Wind. El litigio surge tras la decisión de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) de paralizar tanto las obras físicas como el contrato de arrendamiento de la iniciativa situada frente a las costas de Rhode Island y Connecticut. La empresa argumenta que las órdenes administrativas emitidas vulneran la legislación vigente y ha recurrido a instancias judiciales para proteger la continuidad de la inversión.
El origen de la disputa administrativa se remonta a diciembre de 2025, cuando la BOEM dictó la suspensión de cinco proyectos eólicos de gran escala. Según el Departamento del Interior de Estados Unidos, la medida responde a una priorización de la seguridad nacional ante la evolución de tecnologías de potencias adversarias y la vulnerabilidad que estas infraestructuras representarían para los centros de población en la costa este. Estas resoluciones se suman a las restricciones ya impuestas en agosto del año pasado, lo que ha llevado a la compañía a expandir sus reclamaciones ante los tribunales.
En el ámbito procesal, Revolution Wind LLC presentó una demanda complementaria que cuestiona específicamente la legalidad de la suspensión del arrendamiento. La estrategia jurídica contempla la solicitud de una orden judicial preliminar que permita suspender los efectos del acto administrativo mientras se resuelve el juicio principal. Anteriormente, en septiembre de 2025, la sociedad ya había interpuesto una demanda inicial solicitando medidas cautelares contra la orden de paralización de faenas constructivas, buscando que dicha disposición sea revocada por la judicatura.
Al momento de la intervención gubernamental, el proyecto Revolution Wind presentaba un avance constructivo del 87% y tenía previsto iniciar su generación de energía en enero de 2026. La iniciativa es gestionada por una sociedad donde Orsted comparte la propiedad con Skyborn Renewables, firma perteneciente a Blackrock. El complejo energético representa una inversión de 5.000 millones de dólares y proyectaba suministrar electricidad a más de 350.000 hogares, además de haber generado un impacto económico directo mediante la creación de empleos e inversiones en la región.
La situación de incertidumbre jurídica también afecta a otros activos de la multinacional danesa, como el proyecto Sunrise Wind, que recibió notificaciones administrativas similares a finales del año pasado. Orsted ha manifestado que se encuentra evaluando todas las vías legales disponibles para resolver la situación de Sunrise Wind, manteniendo la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos judiciales. El desenlace de estos litigios en los tribunales estadounidenses marcará un precedente relevante para el marco regulatorio y la protección de inversiones extranjeras en el sector energético.
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