Ante una solicitud del gobierno
Corte Suprema de Estados Unidos revisará política que restringe acceso a solicitantes de asilo
La revisión del caso abre un debate sobre los límites del Ejecutivo y su capacidad para regular el flujo de personas que buscan protección internacional. La controversia enfrenta criterios judiciales sobre la obligación federal de recibir solicitudes de asilo frente a prácticas operativas aplicadas durante distintas administraciones. El pronunciamiento de la Corte podría redefinir el modo en que se gestiona el ingreso de migrantes y la interpretación de normas clave en el sistema de asilo estadounidense.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió someter a trámite el caso “Noem v. Al Otro Lado”, una disputa judicial que examina la legalidad de una política utilizada en varios gobiernos para regular el ingreso de personas que buscan solicitar asilo en la frontera sur con México. El litigio se centra en un procedimiento que restringía el acceso a los puertos de entrada hasta que existiera capacidad operativa para procesar nuevas solicitudes.
El gobierno del presidente Donald Trump llevó el asunto al máximo tribunal tras la sentencia emitida por el Noveno Circuito en 2024, que dejó sin efecto la práctica conocida como control de acceso. Dicha modalidad autorizaba a agentes fronterizos a limitar el número de personas que podían iniciar su trámite de asilo en los cruces oficiales. La apelación del Departamento de Justicia se formalizó mediante una petición de certiorari presentada en 2025. La normativa federal vigente, específicamente el artículo 1158(a)(1) del título 8 del Código de los Estados Unidos, permite a cualquier persona solicitar asilo al presentarse en un punto de entrada.
El mecanismo de control de flujo en la frontera se introdujo originalmente durante la administración de Barack Obama en el área de San Diego y Tijuana. Posteriormente, en el primer mandato de Trump, la medida se extendió a la totalidad de los cruces fronterizos debido al incremento del número de migrantes observado desde 2016. Su aplicación concluyó en 2020, cuando las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia alteraron el acceso a los procedimientos migratorios. Un año después, la administración del presidente Joe Biden derogó formalmente la política.
En 2021, una jueza federal determinó que el sistema de acceso aplicado en los puertos fronterizos contravenía disposiciones constitucionales y una ley federal que obliga a las autoridades a recibir a quienes solicitan protección. Su fallo impulsó una revisión más amplia de los métodos empleados por el gobierno para gestionar el ingreso de solicitantes.
En su presentación ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia sostuvo que la decisión del Noveno Circuito limitaba al Ejecutivo en su capacidad para responder a incrementos repentinos de migrantes y para prevenir la saturación en las instalaciones fronterizas. La Corte aún no fija una fecha definitiva, pero se prevé que la causa sea vista el próximo año.
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