PRECEDENTE "OBERGEFELL CONTRA
Corte Suprema de EE.UU. podría revisar legalidad del matrimonio igualitario
Exfuncionaria de Kentucky apela por motivos religiosos, desafiando el fallo de 2015 que legalizó las uniones del mismo sexo a nivel nacional. Corte debe decidir si admite a trámite su apelación luego de que se negó a emitir licencias matrimoniales a parejas homosexuales. Alega que el fallo vulneró su libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda.
La Corte Suprema Federal de Estados Unidos debe resolver si admite a trámite un caso que podría poner en cuestión un fallo de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. La Corte debe decidir si acepta la apelación presentada por una exfuncionaria del registro civil del estado de Kentucky, quien se negó a emitir licencias matrimoniales a parejas homosexuales alegando sus creencias religiosas.
La decisión de 2015 fue emitida durante la presidencia de Barack Obama, en el caso Obergefell contra Hodges, y estableció que el matrimonio igualitario es un derecho constitucional protegido por la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza a todos los ciudadanos la igualdad de protección ante la ley. Ese fallo obligó a los trece estados que aún prohibían los matrimonios entre personas del mismo sexo —entre ellos Kentucky— a reconocer y permitir esas uniones.
La exfuncionaria del registro civil, quien fue encarcelada brevemente en 2015 por desacatar una orden judicial que le exigía emitir las licencias, sostiene ahora que su negativa estuvo amparada por la Primera Enmienda, que protege la libertad religiosa y de expresión. En su apelación, argumenta que el fallo de Obergefell vulneró su derecho a practicar su fe al obligarla a actuar en contra de sus convicciones religiosas.
El caso llega a la Corte Suprema en un contexto político y judicial cada vez más tenso en torno a los derechos civiles. En al menos nueve estados gobernados por el Partido Republicano se han impulsado proyectos de ley o iniciativas judiciales para revertir o limitar los efectos del fallo que legalizó el matrimonio igualitario, buscando devolver la competencia a los gobiernos estatales.
A finales de octubre, una orden del Tribunal Supremo de Texas sostuvo que los jueces que “se abstengan públicamente de celebrar un matrimonio” por motivos de “creencia religiosa sincera” no están violando las leyes estatales, una decisión que ha generado inquietud entre los defensores de los derechos LGBTQ+.
Ante la posibilidad de que la Corte Suprema Federal acepte revisar el precedente de 2015, organizaciones de derechos civiles y colectivos progresistas han manifestado su preocupación. El grupo Refuse Fascism denunció que “la Corte Suprema es completamente ilegítima” y acusó al tribunal de trabajar “codo a codo con el régimen de Trump para pisotear los derechos arduamente conquistados de los pueblos oprimidos”, advirtiendo que podría repetir lo ocurrido en 2022, cuando el alto tribunal anuló la protección federal del derecho al aborto establecida en el caso Roe vs. Wade.
Cabe recordar que, pese a estos intentos, una ley federal promulgada en 2022 durante el mandato de Joe Biden —la Ley de Respeto al Matrimonio— garantiza el reconocimiento legal de todos los matrimonios en Estados Unidos, incluidos los de personas del mismo sexo y los interraciales, y prohíbe que cualquier estado niegue su validez.
El resultado de la deliberación de la Corte Suprema determinará si la Corte acepta revisar el caso de la exfuncionaria del registro civil o si, por el contrario, mantiene el precedente constitucional que desde 2015 protege el matrimonio igualitario en todo el país.
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