Inobservancia de las normas del debido proceso.

Corte IDH ordena a México adecuar su legislación sobre arraigo y prisión preventiva a los estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Las autoridades nacionales, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito.