IA al servicio de la justicia
Corte de Casación de Francia presenta informe que analiza el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito judicial
El documento, elaborado por un grupo interdisciplinario, aborda los criterios éticos, jurídicos, funcionales, técnicos y económicos que deben guiar la implementación de la IA. Entre los posibles usos se incluyen la gestión documental, la explotación de bases jurisprudenciales y el apoyo a la redacción, descartándose expresamente la asistencia en la toma de decisiones. El informe concluye que la incorporación de estas tecnologías debe ser progresiva, con plena preservación de la función del juez y de los derechos fundamentales.
La Corte de Casación de Francia presentó un informe elaborado por un grupo de trabajo conformado por magistrados, funcionarios y especialistas en innovación tecnológica, en el que se examinan los desafíos y oportunidades del uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial. El documento busca anticipar los retos que conlleva la incorporación de estas herramientas en la actividad jurisdiccional y administrativa, al tiempo que reflexiona sobre las garantías que deben adoptarse para resguardar la independencia de los jueces y la protección de los derechos fundamentales.
El punto de partida del informe es el incremento exponencial de datos generado por la digitalización y por la política de acceso público a las decisiones judiciales, que proyecta alcanzar cerca de un millón de resoluciones adicionales cada año a partir de 2025. Este escenario plantea la necesidad de dotar a la justicia de herramientas capaces de gestionar y procesar esa información, lo que convierte a la inteligencia artificial en un recurso de interés para la organización de los tribunales. Sin embargo, se advierte que su utilización no puede menoscabar los principios esenciales del debido proceso ni sustituir la labor interpretativa del juez.
Con el objeto de evaluar el potencial de la inteligencia artificial en la judicatura, el grupo de trabajo adoptó una metodología interdisciplinaria que incluyó entrevistas a expertos en derecho y en ciencias de la computación, así como un estudio comparado de la experiencia de otras cortes. A partir de ello, se establecieron cinco criterios de análisis: éticos, jurídicos, funcionales, técnicos y económicos. Entre los primeros, se relevó la compatibilidad de los sistemas con los derechos fundamentales y con la exigencia de un uso proporcional de los recursos tecnológicos.
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