Corte Constitucional de Colombia dictamina que Estado debe garantizar tratamiento médico oportuno a personas privadas de libertad que lo requieran

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida por un recluso que alegó una vulneración a sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal. El accionante solicitó que se le garantizara atención médica especializada para el tratamiento de un tumor cerebral maligno, así como la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria o intrahospitalaria como medida sustitutiva de la pena, situación médica que no fue debidamente abordada por las autoridades accionadas.

El caso se originó tras la negativa de las autoridades judiciales de conceder la prisión domiciliaria u hospitalaria, con base en un dictamen médico legal que no consideró la totalidad de su historia clínica. El accionante alegó que desde su reclusión no se le suministraban los medicamentos requeridos y que no se le había realizado el tratamiento necesario. El juzgado de primera instancia tuteló parcialmente el derecho a la salud, ordenando una cita en oncología.

La Corte verificó que, pese a las órdenes y respaldos económicos otorgados para citas médicas, estas no se materializaron oportunamente y existió discontinuidad en la atención. También constató, a partir de informes de la Defensoría del Pueblo y del Instituto de Medicina Legal, que las condiciones de hacinamiento agravaban la situación del interno.