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Diario Constitucional

Medida busca proteger a menores

Consejo de Estado de Francia confirma requisito de verificación de edad en sitios web pornográficos

Desestimó la solicitud de la empresa operadora del sitio web xHamster para suspender la aplicación del decreto interministerial que obliga a plataformas de contenido pornográfico establecidas en otros Estados de la UE a verificar la edad de sus usuarios. La decisión se fundamenta en la falta de urgencia y en la inexistencia de pruebas de perjuicio económico grave. La medida se enmarca en la Ley SREN, destinada a proteger a los menores de edad en entornos digitales.

Por Redacción·18 de julio de 2025·2 min de lectura
imagen: prensaiberica.es
Referencial

El Consejo de Estado de Francia rechazó la solicitud de suspensión que la sociedad Hammy Media Ltd, operadora del sitio web de pornografía «xHamster», presentó contra un decreto interministerial. Dicho decreto, adoptado por el Ministro de Cultura y el Ministro Delegado para Asuntos Digitales, extiende a determinados proveedores establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea la obligación de implementar sistemas eficaces de verificación de edad para el acceso a contenidos pornográficos.

La referida obligación se fundamenta en lo dispuesto por la Ley n.º 2024-534, de 21 de mayo de 2024, relativa a la seguridad y regulación del espacio digital (ley «SREN»), que establece un nuevo marco jurídico para la protección de los menores frente al acceso a contenidos para adultos en línea. Esta normativa prevé que los servicios de comunicación al público por vía electrónica y las plataformas de intercambio de vídeos deban implantar mecanismos que garanticen que los usuarios han alcanzado la mayoría de edad, conforme a las especificaciones fijadas por la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), tras consulta con la CNIL.

El Consejo de Estado ha considerado que no concurre la condición de urgencia requerida para la adopción de medidas cautelares, al no haberse acreditado que la ejecución del decreto impugnado cause un perjuicio económico grave e inmediato a la empresa recurrente. Asimismo, ha precisado que la medida en cuestión no impide la distribución de contenido pornográfico dirigido a adultos, sino que se limita a imponer una exigencia técnica de control de acceso.

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