Canadá aprueba Ley para el Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y las Fronteras

Canadá ha formalizado la entrada en vigencia de la Ley C-12, denominada Ley para el Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y las Fronteras. Esta normativa, que recibió la sanción real recientemente, introduce modificaciones sustantivas en los procedimientos de asilo y en los mecanismos de control migratorio del país norteamericano.

La nueva ley constituye una versión revisada del proyecto C-2, la primera iniciativa legislativa presentada por el gobierno del primer ministro Mark Carney tras asumir el cargo en 2025. El texto legal establece criterios de admisibilidad más estrictos para los solicitantes de asilo, situándose en un contexto de coordinación bilateral con Estados Unidos. Informes oficiales vinculan esta reforma a las exigencias de la administración de Donald Trump respecto a la vigilancia de la frontera común y la política arancelaria regional.

Una de las disposiciones centrales de la legislación se encuentra en el párrafo 76, el cual regula la competencia de la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB). Según el nuevo articulado, los extranjeros que hayan permanecido en Canadá por más de un año antes de presentar su petición de asilo no podrán acudir a dicha instancia. En su lugar, estas personas serán derivadas a un proceso de evaluación de riesgo previa a la expulsión, procedimiento administrativo que no garantiza la celebración de audiencias orales.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y diversas organizaciones han emitido observaciones sobre el alcance de la norma. Los análisis se centran en la posible vulneración de garantías procesales y en cómo la aplicación del Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos podría influir en la protección de los solicitantes. Estas preocupaciones fueron expuestas durante las sesiones de las comisiones permanentes del Senado canadiense previo a la votación definitiva.

La implementación de la Ley C-12 se inserta en un plan gubernamental orientado a disminuir la migración neta. Este enfoque incluye la modificación del Plan de Niveles de Inmigración, herramienta que determina los cupos anuales de residentes permanentes. La reforma ha generado pronunciamientos de entidades civiles y jurídicas, incluyendo la Asociación Canadiense de Abogados de Refugiados y Amnistía Internacional, quienes han analizado el impacto de la normativa en el sistema de protección internacional.

Vea texto legislativo.