Reforma legal
Avanza en el Reino Unido proyecto de ley que establece poder de veto sobre directrices de sentencias judiciales
El Parlamento discute un proyecto de ley que modifica la normativa sobre las directrices emitidas por el Consejo de Sentencias para los tribunales de Inglaterra y Gales. La iniciativa introduce la obligación de que tanto el Lord Canciller como el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo otorguen su aprobación antes de que dichas directrices adquieran carácter definitivo. La reforma responde a un reciente desacuerdo entre el gobierno y el Consejo de Sentencias en torno a la aplicación de los informes previos a la sentencia, lo que ha motivado la suspensión de la entrada en vigor de nuevas d
El gobierno del Reino Unido presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que establece nuevas condiciones para la adopción de directrices judiciales en materia de sentencias. La propuesta legislativa se encuentra actualmente en su segunda lectura y contempla la modificación del artículo 120 de la Ley de Médicos Forenses y Justicia de 2009.
Con la reforma, se introduce la exigencia de que el Lord Canciller y el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo den su consentimiento expreso a las directrices propuestas por el Consejo de Sentencias, a fin de que estas puedan tener vigencia como disposiciones definitivas. Este mecanismo sustituye al régimen previo, que solo requería la consulta y aprobación de dichas autoridades por parte del Consejo.
El origen del proyecto se vincula a un desacuerdo institucional suscitado en relación con las orientaciones sobre los informes previos a la sentencia (Pre-Sentence Reports, PSR). Dichos informes están regulados en el artículo 30 de la Ley de Sentencias de 2020, que dispone la obligación de los tribunales de recabar y considerar este tipo de antecedentes respecto de infractores mayores de 18 años, salvo que el caso haga innecesaria tal diligencia.
El Consejo de Sentencias había propuesto la aplicación preferente de los informes previos en casos que involucraran a personas pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas. Sin embargo, esta disposición fue cuestionada por el gobierno, lo que derivó en la decisión de posponer su implementación.
Tras el anuncio de que el Ejecutivo podría recurrir a legislación de urgencia para impedir la entrada en vigor de la medida, el Consejo acordó suspender las nuevas directrices hasta la resolución parlamentaria del proyecto.
Cabe recordar que el Consejo de Sentencias constituye un órgano independiente vinculado al Ministerio de Justicia, cuya función es elaborar directrices que orienten la labor jurisdiccional de los tribunales de Inglaterra y Gales, con el propósito de dotar de coherencia y transparencia al sistema de imposición de penas.
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