En votación dividida.

TC rechazó acción de inaplicabilidad de norma contenida en Ley de Drogas que sanciona con destitución de su cargo a funcionario público que asuma defensa judicial de imputado por esa clase de delitos.

La norma objetada impone una prohibición relativa al patrocinio o a la actuación como apoderado o mandatario de imputados por delitos de esa especie, pero solo respecto de algunos abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados, a cualquier título, en la Administración del Estado.