Se mantiene la suspensión.

TC declaró admisible inaplicabilidad que impugna normas que le impiden al Banco Estado a contratar con el Estado.

Se transgrede el principio de servicialidad, por cuanto los efectos que la sanción produciría sobre terceros debilitarían la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, con afectación de los derechos fundamentales de esos terceros.