Requerimiento de inaplicabilidad.

Normas que tipifican la administración desleal y delitos informáticos se impugnan ante el Tribunal Constitucional, por imputado en el “Caso Primus”.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la garantía de la lex certa y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que se formalizará por dos grupos de delitos referidos a una misma conducta, que permiten al Ministerio Público escoger distintas normas para la incriminación de conductas análogas, impidiendo, por tanto, al juez de fondo aplicar la ley penal más favorable, en cuanto la disposición transitoria no se lo permite.