Senadores proponen ampliar el delito de tráfico de migrantes para incluir salida irregular del país

La moción, patrocinada por los Senadores Juan Luis Castro, Alfonso de Urresti, José Miguel Insulza y Gastón Saavedra, junto a la Senadora Paulina Vodanovic, busca modificar el Código Penal en lo relativo al delito de tráfico de migrantes, para modernizar y fortalecer la legislación penal adaptándolo a los nuevos desafíos que impone el crimen organizado transnacional.

Exponen que, si bien la Ley N°20.507 de 2011 trajo avances al tipificar los delitos de tráfico ilegal de migrantes y trata de personas, la evolución de las dinámicas criminales obliga a revisar y perfeccionar nuestras herramientas legales. Actualmente las redes criminales de tráfico de personas operan en las fronteras de ingreso, pero también captan a personas dentro del país para facilitar su salida irregular hacia otros destinos.

En vista de lo señalado, la iniciativa legal propone realizar una modificación precisa pero fundamental del artículo 411 bis del Código Penal. Hoy dicha norma sanciona a quien facilite o promueva, con ánimo de lucro, la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente. Esta redacción deja un vacío legal crítico al no sancionar la promoción o facilitación de la salida ilegal de personas del territorio nacional. Se trata entonces de ampliar el tipo penal para que el delito de tráfico ilícito de migrantes incluya la facilitación de la entrada como salida ilegal del país, y que esta protección se extienda a cualquier persona, sin importar su nacionalidad.

La legislación chilena dista de las legislaciones penales y migratorias de países vecinos, como Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, que han tipificado el delito de tráfico de migrantes de una manera más amplia, sancionado tanto la facilitación del ingreso como el egreso irregular, señalan los autores de la moción. En esta línea, indican que la modificación del tipo penal concreta la protección de la soberanía de las fronteras del país y fortalece el combate a las redes de crimen organizado, ampliando una herramienta legal que permitirá al Estado de Chile perseguir de manera más efectiva las organizaciones criminales en todas las fases de su operación, otorgar mayor protección a las víctimas y también impedir la fuga o el movimiento transfronterizo de los integrantes de estas redes delictivas.