REFORMA CONSTITUCIONAL EN
Gobierno propone nuevo estado de excepción para enfrentar al crimen organizado
La iniciativa firmada por el Presidente José Antonio Kast busca consagrar la seguridad pública como deber del Estado y crear un régimen excepcional aplicable a territorios afectados por organizaciones criminales o terroristas. También contempla un registro de estas organizaciones, regímenes penitenciarios diferenciados para sus líderes y mayores facilidades para incautar y liquidar sus bienes.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó el proyecto de Reforma Constitucional Pro Seguridad, iniciativa que busca introducir modificaciones a la Carta Fundamental para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo.
La firma se realizó en el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el Mandatario durante la primera semana de agosto.
La propuesta contempla, entre sus principales modificaciones, consagrar expresamente en la Constitución la seguridad pública como un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción constitucional destinado a enfrentar graves alteraciones de la seguridad pública provocadas por organizaciones criminales o terroristas, establecer un registro de estas organizaciones, incorporar regímenes penitenciarios diferenciados para sus líderes y facilitar la incautación y liquidación de los bienes provenientes del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Una de las principales innovaciones consiste en la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que permitiría al Presidente de la República actuar en barrios, polígonos o territorios que se encuentren capturados o gravemente afectados por organizaciones criminales o terroristas.
La medida tendría una duración limitada y su renovación requeriría la aprobación del Congreso Nacional. Durante su vigencia, las Fuerzas Armadas podrían prestar apoyo a las policías en labores de vigilancia, logística, control perimetral y asistencia técnica.
Este nuevo régimen excepcional permitiría también adoptar medidas relacionadas con el desplazamiento y la reunión de personas, requisar bienes y acceder a telecomunicaciones, entre otras facultades dirigidas a recuperar el control de los territorios afectados por organizaciones criminales.
La reforma contempla además la creación de un registro destinado a reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas. La calificación correspondería al Estado, mediante una decisión fundada del Ejecutivo y sujeta al control del Senado, sobre la base de criterios objetivos.
Otro de los ejes de la propuesta consiste en establecer regímenes penitenciarios diferenciados para quienes lideren organizaciones criminales o terroristas, con el propósito de impedir que continúen ejerciendo control o dirigiendo sus actividades desde los establecimientos penitenciarios.
Asimismo, la iniciativa busca facilitar la incautación y posterior liquidación de bienes vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, fortaleciendo las herramientas destinadas a afectar el patrimonio y las estructuras económicas utilizadas por estas organizaciones.
La Reforma Constitucional Pro Seguridad forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un conjunto de iniciativas mediante las cuales el Ejecutivo busca reforzar la capacidad institucional y penal del Estado para enfrentar estas formas de criminalidad.
La agenda contempla la tramitación de más de 20 proyectos de ley que actualmente se encuentran en el Congreso, además del ingreso de, al menos, una docena de nuevas iniciativas, entre ellas la reforma constitucional firmada por el Presidente.
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