Ejecutivo ingresa proyecto de ley que endurece sanciones penales por delitos contra la comunidad educativa y en recintos escolares

El Presidente de la República ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objetivo de establecer nuevas agravantes de responsabilidad penal para delitos cometidos contra integrantes de la comunidad educativa y contra establecimientos educacionales, con el fin de reforzar la protección en estos espacios.

La iniciativa se funda en que la seguridad en los recintos educacionales constituye una condición básica para el adecuado funcionamiento del sistema educativo y un elemento esencial para el ejercicio del derecho a la educación, consagrado en el artículo 19 N°10 de la Constitución. En este contexto, se advierte que en los últimos años se ha registrado un aumento sostenido de denuncias relacionadas con convivencia escolar, lo que da cuenta de una problemática en expansión.

De acuerdo con antecedentes del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, solo en 2025 se registraron 56.153 casos policiales al interior de establecimientos educacionales, distribuidos en 7.354 recintos, lo que equivale a más de la mitad del total de establecimientos georreferenciados a nivel nacional (54,6%). Estos hechos se vinculan principalmente a conflictos interpersonales y vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, destacando las lesiones leves (17,5%) y las amenazas (10,9%), junto con delitos patrimoniales como robos en lugar no habitado (10,2%) y hurtos (6,2%).

Asimismo, en materias de mayor gravedad, como el porte ilegal de armas o la presencia de drogas en establecimientos o sus inmediaciones, la Superintendencia de Educación detectó 345 denuncias durante 2022 vinculadas al uso o porte de armas en contextos escolares. A ello se suma un aumento en la percepción de presencia de drogas en el entorno educativo: entre 2021 y 2023, la proporción de estudiantes que declara haber presenciado venta o entrega de drogas en las cercanías de sus colegios aumentó de 62,3% a 65,7%, junto con un incremento del consumo al interior de los establecimientos.

Estos antecedentes, según el mensaje presidencial, evidencian la exposición de estudiantes, docentes y comunidades educativas a contextos de riesgo tanto dentro como fuera de los establecimientos, incluyendo actividades extracurriculares, lo que justifica la adopción de medidas legislativas que refuercen el régimen penal aplicable en estos casos.