Diputados proponen sanciones más duras para administradores de condominios que malversen, se apropien o incurran en administración negligente de fondos comunes

La moción, patrocinada por los Diputados Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes (A), Jaime Naranjo, Alberto Undurraga, junto a la Diputada Mónica Arce, busca modificar la ley N° 21.442, de Copropiedad Inmobiliaria, para sancionar el mal uso, apropiación indebida o administración negligente de recursos provenientes del pago de las obligaciones económicas.

tiene por objetivo establecer sanciones para los casos en que administradores hagan mal uso del dinero correspondiente a las obligaciones económicas conforme a lo establecido por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria número 21.442.

Exponen los autores de la moción que La Ley de Copropiedad Inmobiliaria establece un marco normativo para condominios, unidades y bienes de dominio común. De acuerdo con esta legislación, todo condominio será administrado por una persona natural o jurídica designada inicialmente por el propietario del condominio, posteriormente, por la asamblea de copropietarios. El ente administrador será responsable de cumplir y ejecutar las labores de administración del condominio conforme a las disposiciones de la ley, entre las cuales está la recaudación de montos correspondientes a las obligaciones económicas, el manejo contable del condominio e informar al comité de administración las gestiones realizadas por el cobro de dichas obligaciones.

Agregan que, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria establece un régimen de infracciones y sanciones para los administradores de condominios, especialmente aquellas referidas a sus funciones. Clasifica las infracciones en cuatro categorías de gravedad. En primer lugar, las infracciones gravísimas, que incluyen el actuar como administrador estando inhabilitado, proporcionar información falsa para inscribirse en el Registro Nacional, aportar datos falsos sobre la administración del condominio, ser condenado por responsabilidades civiles o penales derivadas de la administración, entre otras. Luego las infracciones graves, que comprenden el incumplimiento de obligaciones de seguridad que no causen daños a terceros, y no dar cumplimiento a la obligación de rendir cuenta documentada de su gestión. Por último, las infracciones leves corresponden al incumplimiento de obligaciones como recaudar y administrar los recursos del condominio, y cobrar y recaudar multas, entre otras.

Agregan que, si bien las sanciones contempladas en la ley abordan temas relacionados a las obligaciones económicas, no se incluye ninguna sanción especifica frente al mal uso o la malversación de fondos comunes. Existe un vacío normativo, dado que no se establecen medidas de largo plazo que sancionen estos actos, ni mecanismos para impedir que quienes incurran en estas faltas continúen ejerciendo funciones administrativas en otros condominios.