Corte Suprema reconoce competencia de los tribunales laborales para conocer demandas de funcionarios públicos por enfermedades profesionales

Para fundar la necesidad de unificación, la funcionaria acompañó diversas sentencias dictadas por la Corte Suprema y por Cortes de Apelaciones que, en casos similares, habían reconocido la competencia de los tribunales laborales. En particular, citó la sentencia Rol N°82.562-2021 de la Corte Suprema, que unificó la jurisprudencia en el sentido de que los funcionarios contratados a honorarios o a contrata pueden demandar indemnizaciones por enfermedades profesionales mediante el procedimiento laboral, aplicando supletoriamente el Código del Trabajo. También invocó el fallo Rol N°251.219-2023 del mismo tribunal, que reafirmó que dicha posibilidad no implica calificar la relación como laboral, sino aplicar las normas laborales en materias de protección de la salud por mandato del artículo 1 del Código del Trabajo.

Asimismo, acompañó decisiones de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Iquique y Arica (Roles N°1.517-2015, 2.075-2019, 110-2016 y 156-2019), en las cuales se concluyó que los tribunales del trabajo son competentes para conocer acciones de responsabilidad contractual derivadas de accidentes o enfermedades profesionales que afecten a funcionarios municipales o públicos, incluso respecto del daño moral, al no existir en los estatutos administrativos normas que excluyan la aplicación supletoria del régimen laboral.

El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación de jurisprudencia tras concluir que la Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales resulta aplicable también a los funcionarios públicos, siempre que sus estatutos no contemplen una regulación especial sobre la materia. Razonó que dicha ley tiene como finalidad proteger derechos fundamentales inherentes a toda persona, como la vida y la salud, reconocidos por la Constitución, por lo que su alcance debe entenderse extensivo a todos los trabajadores, sin distinción entre quienes se desempeñan en el sector público o privado.

El fallo explicó que esta interpretación no implica alterar la naturaleza estatutaria de la relación funcionaria, sino únicamente aplicar de modo supletorio las disposiciones del Código del Trabajo en virtud del mandato del artículo 1° del propio cuerpo legal. La Corte Suprema destacó que el ejercicio de acciones indemnizatorias por enfermedades profesionales o accidentes laborales se encuentra amparado por normas de orden público destinadas a garantizar la seguridad y salud en el trabajo, y que el artículo 420 letra f) del Código del Trabajo confiere competencia a los tribunales laborales para conocer estas acciones, incluso cuando son deducidas por funcionarios públicos.

Asimismo, el máximo Tribunal sostuvo que las reglas sobre competencia deben interpretarse de forma que favorezcan la tutela efectiva de los derechos fundamentales en el ámbito laboral y no como un obstáculo para su protección judicial. En tal sentido, descartó que la acción indemnizatoria del artículo 69 de la Ley N°16.744 deba ser conocida por la justicia civil, pues ello supondría privar a los funcionarios de una vía especializada para hacer valer sus derechos frente a incumplimientos del deber de seguridad del empleador, materia que, por su naturaleza, corresponde al conocimiento de la jurisdicción laboral especializada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia, declaró que la judicatura laboral es competente para conocer las acciones indemnizatorias deducidas por funcionarios públicos por enfermedades profesionales o accidentes del trabajo, y anuló la sentencia dictada por la Corte de Santiago que había declarado lo contrario. En consecuencia, el máximo Tribunal restableció la decisión del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que había acogido la demanda y rechazó los recursos de nulidad interpuestos por el Servicio de Salud Metropolitano Norte y el Hospital de Niños Roberto del Río.

Acordado con el voto en contra del abogado integrante señor Valdivia, quien estimó que la acción deducida por la funcionaria debía ser conocida por la justicia civil y no por la jurisdicción laboral. El disidente razonó que el artículo 69 de la Ley N°16.744, al remitir al “derecho común” para la reparación de los daños ocasionados por enfermedades profesionales, debe entenderse referido al derecho administrativo general cuando se trata de relaciones funcionariales. En esa línea, sostuvo que la responsabilidad del Estado frente a sus funcionarios emana de una falta de servicio, conforme al artículo 42 de la Ley N°18.575, y no de un vínculo contractual, por lo que las reclamaciones de esta naturaleza deben resolverse ante los tribunales ordinarios.

Añadió que las relaciones de trabajo al interior del Derecho Público poseen una naturaleza estatutaria, derivada de actos administrativos de nombramiento, y no de contratos de trabajo. Por ello, afirmó que los derechos y obligaciones de los funcionarios surgen de normas legales específicas, no de la autonomía de la voluntad, y que extender la competencia laboral a estos casos desconoce la especialidad del régimen jurídico que regula a la Administración del Estado. En consecuencia, el abogado integrante concluyó que la interpretación correcta de la normativa aplicable no permite sustraer del conocimiento de los tribunales civiles las acciones de responsabilidad por daños ocasionados en el ejercicio de funciones públicas.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº40642-2024, Corte de Santiago Rol N°2598-2023 (laboral – cobranza), de reemplazo y del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Rit O-439-2020.