Corte Suprema confirma condena contra ex ejecutivos de La Polar y ordena indemnizar a AFP por pérdidas en fondos de pensiones

El tribunal también destacó que la AFP, en su calidad de inversionista institucional, posee un deber de diligencia en sus decisiones de inversión, sugiriendo que pudo haber adoptado medidas para mitigar las pérdidas una vez conocido públicamente el fraude.

Asimismo, consideró que no se logró acreditar un nexo causal directo entre las conductas de cada uno de los exejecutivos y los perjuicios alegados.

Apelada esta decisión, la Corte de Santiago revocó el fallo en alzada y acogió la demanda de responsabilidad extracontractual.

Concluyó que sí existía prueba suficiente para establecer que los demandados “idearon e implementaron un sistema de repactaciones unilaterales y automatizadas de la cartera de clientes morosos con el objeto de mantenerla vigente, de modo que la empresa exhibiera al mercado resultados mejores que los reales”.

La Corte determinó la existencia de un daño patrimonial cierto y determinado, consistente en la pérdida de valor de las acciones y bonos de la compañía entre junio y noviembre de 2011. Para ello valoró especialmente la prueba pericial presentada por la AFP, que acreditaba la significativa caída en el precio de dichos instrumentos.

Asimismo, estableció que las conductas de los ejecutivos fueron “coordinadas, reiteradas y sistemáticas”, y que la información falsa entregada al mercado provocó una distorsión relevante de los estados financieros de la empresa.

En ese contexto, el tribunal concluyó que existía un nexo causal entre las acciones de los exejecutivos y los perjuicios sufridos por los fondos de pensiones.

Respecto del deber de diligencia de la AFP como inversionista institucional, la Corte sostuvo que la complejidad del fraude y la naturaleza de la información engañosa difundida hacían imposible que la administradora pudiera prever o mitigar oportunamente las pérdidas antes de que se revelara la verdadera situación financiera de la empresa.

En consecuencia, determinó que los demandados incumplieron sus deberes fiduciarios y vulneraron diversas normas legales, lo que justificaba su condena a indemnizar los perjuicios ocasionados.

Contra esa decisión, los ejecutivos condenados interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, alegando, entre otras cuestiones, errores en la determinación del daño y en la aplicación de las normas sobre responsabilidad civil.

Entre sus argumentos sostuvieron que los perjuicios reconocidos en el fallo no eran ciertos ni determinados, ya que se habrían calculado mediante la comparación del valor de acciones y bonos de la empresa entre dos momentos distintos, aun cuando la AFP no hubiera vendido dichos instrumentos en ese período. También alegaron que algunos de los montos considerados podían generar una doble indemnización, debido a acuerdos y pagos celebrados con terceros con posterioridad a la sentencia de primera instancia.

Asimismo, uno de los recurrentes cuestionó la imputación de responsabilidad solidaria, afirmando que el fallo habría interpretado erróneamente las normas civiles al atribuir responsabilidad conjunta a ejecutivos a quienes se les imputaban conductas de distinta naturaleza —dolosas o negligentes— dentro de los hechos investigados.

Sin embargo, la Corte Suprema desestimó los recursos interpuestos y confirmó íntegramente la sentencia dictada por la Corte de Santiago, manteniendo la condena al pago de la indemnización a favor de los fondos de pensiones administrados por la AFP.

Para ello razona que no se acreditaron infracciones a las normas reguladoras de la prueba ni errores de derecho que permitieran alterar los hechos establecidos por los jueces de instancia. Precisó que los recursos pretendían modificar los hechos establecidos por los jueces de instancia y explicó que en un recurso de casación en el fondo no es posible alterar los hechos fijados por los jueces del mérito, salvo que se demuestre la infracción de normas reguladoras de la prueba, lo que en este caso no ocurrió. Asimismo, que los hechos establecidos permiten configurar responsabilidad civil, ya que los ejecutivos idearon e implementaron un sistema de repactaciones unilaterales y automatizadas de créditos morosos, lo que distorsionó los estados financieros de la empresa y generó información falsa al mercado, conducta que fue considerada coordinada, reiterada y sistemática, provocando una valorización artificial de acciones y bonos que derivó en pérdidas para los fondos de pensiones.

Vea sentencias Corte Suprema Rol N°25039-2024, Corte de Santiago Rol N°485-2020 y 14° Juzgado Civil de Santiago Rol N°C-1613-2015.