Justicia valida extracción de ADN para registro genético y descarta vulneración a derechos fundamentales

En ese contexto, se descartó la vulneración del principio de proporcionalidad, al estimarse que la extracción de material genético es una medida razonable y necesaria para la investigación penal, que no afecta la integridad física del imputado. Además, se señaló que los agravios relativos al carácter incipiente de la causa habían perdido virtualidad, atendido el posterior procesamiento y elevación a juicio, precisando que las sentencias deben ajustarse a las condiciones existentes al momento de su dictado.

Al analizar la presunta afectación de la presunción de inocencia, el tribunal sostuvo que la obtención compulsiva de muestras de ADN no implica tratar a la persona como culpable ni presume su responsabilidad penal, máxime cuando la ley permite ordenar esa medida incluso respecto de personas que no revisten la calidad de imputadas. Asimismo, descartó un efecto incriminatorio automático de la inclusión del perfil genético en el registro, destacando que los artículos 8 y 12 de la Ley N° 26.879 establecen que la información genética tiene carácter de dato sensible y reservado, que solo puede ser utilizada en el marco de una causa judicial determinada y bajo estrictos controles judiciales, incluyendo sistemas de codificación que impiden la identificación directa de la persona.

Desde la óptica del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, el fallo reconoció que la incorporación de información genética en bases de datos estatales implica una injerencia en la vida privada, pero afirmó que dicha injerencia resulta legítima y razonable, al estar prevista por ley, perseguir un fin legítimo —el esclarecimiento y sanción de hechos delictivos— y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, se indicó que la ausencia de estadísticas sobre la efectividad del registro no desvirtúa su idoneidad, pues contar con mayores recursos probatorios contribuye al éxito de las investigaciones penales.

El tribunal tuvo especialmente en cuenta la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “S. y Marper vs. Reino Unido”, señalando que, a diferencia de lo allí observado, la legislación nacional introduce criterios de gravedad del delito y prioridades de ingreso al registro, conforme al artículo 5 de la Ley N° 26.879, que da preferencia a perfiles genéticos vinculados a delitos graves como homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados. Asimismo, destacó que la normativa prevé la eliminación automática del material genético cuando la persona es desvinculada de la investigación o cuando la causa se prolonga por más de tres años sin resolución de la situación procesal, resguardando así el estado de inocencia.

En cuanto al derecho a la integridad personal, el tribunal descartó su afectación, recordando la jurisprudencia de la Corte Suprema que considera que la extracción de una mínima cantidad de sangre, realizada conforme a la ciencia médica, constituye una perturbación ínfima frente a los intereses superiores de la persecución penal y la defensa de la sociedad. En igual sentido, citó doctrina especializada que califica este tipo de intervenciones como deberes tolerables en la vida de relación, al implicar una injerencia mínima y reversible.

Por estas razones, y al no advertirse una afectación concreta de derechos o garantías constitucionales que justificara la declaración de inconstitucionalidad, el tribunal resolvió confirmar la decisión apelada, dejando firme la orden de extracción de material genético para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos.

Vea sentencia Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.