Inaplicabilidad por inconstitucionalidad
Con votos en contra
Se rechaza requerimiento contra disposición transitoria de la Ley de Modernización Tributaria que restringe reembolso de patentes municipales
La Magistratura desestimó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, señalando que la norma solo establece la vigencia de la modificación al artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 y no impide que los tribunales analicen y resuelvan demandas de reembolso por pagos de patentes municipales efectuados antes de julio de 2020.
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo cuadragésimo séptimo transitorio de la Ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria.
El precepto impugnado establece:
“Artículo cuadragésimo séptimo transitorio.- La modificación al artículo 23 del decreto ley N° 3.063 de 1979 que contempla el artículo trigésimo primero de la presente ley, regirá a partir del 1° de julio de 2020. Esta modificación al hecho gravado tiene por único objeto dar certeza jurídica, a partir de la fecha de su entrada en vigencia, sobre la legítima diferencia de la interpretación del mencionado artículo en su texto vigente hasta el 30 de junio de 2020. De esta forma, respecto de la contribución de patente municipal devengada en períodos anteriores a la vigencia de esta modificación, regirá el texto vigente hasta esa fecha. En consecuencia, no podrá fundarse en esta modificación legal solicitudes de devolución o cobro de la contribución de patente municipal, respecto de periodos anteriores a la vigencia de la modificación que contempla la presente ley ni afectará procedimientos administrativos ni jurisdiccionales en curso o que se promuevan en forma posterior respecto de dichos periodos”. (Art. cuadragésimo séptimo transitorio, Ley N° 21.210).
La gestión pendiente invocada corresponde a un recurso de casación en el fondo interpuesto ante la Corte Suprema contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el rechazo de una demanda de reembolso por pago de patentes municipales no debidas.
La requirente alegó que el precepto impugnado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a defensa, al impedir que pueda fundar su solicitud de devolución en la modificación legal introducida por la Ley N° 21.210.
Asimismo, sostuvo que la norma confiere efectos retroactivos al tributo, lo que afecta el derecho de propiedad y contraviene las garantías tributarias consagradas en la Constitución, en particular la prohibición de establecer impuestos injustos y la exigencia de igualdad en la carga tributaria. Finalmente, denunció que la disposición genera una discriminación arbitraria en materia económica, pues quienes no pagaron la patente antes de la reforma no pueden ser compelidos a hacerlo, mientras que quienes lo hicieron por error carecen de acción para solicitar su devolución.
El requerimiento de inaplicabilidad fue desestimado, con los Ministros Daniela Marzi (P), María Pía Silva, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery y Mario Gómez, al considerar que la controversia planteada se centra en la interpretación que los tribunales del fondo hicieron del artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, modificada posteriormente por la Ley N° 21.210, respecto de la tributación de sociedades de inversión pasiva.
El Tribunal explicó que su competencia se limita a determinar si un precepto legal vulnera la Constitución en su aplicación concreta, sin pronunciarse sobre el mérito de la norma ni sobre la corrección de su interpretación, labor que corresponde a los tribunales ordinarios y a la Corte Suprema mediante el recurso de casación.
En ese sentido, la acción promovida en la gestión pendiente ante la Corte Suprema busca analizar si los pagos efectuados por la sociedad demandante correspondían a obligaciones tributarias inexistentes, cuestión de mera legalidad y no de constitucionalidad.
El precepto impugnado, en su carácter de norma interpretativa y de entrada en vigencia, no afecta la posibilidad de que la requirente ejerza acciones judiciales ni impide que se resuelva su pretensión de reembolso por pago de patentes municipales no adeudadas, cuyo fondo corresponde ser analizado por los tribunales de justicia ordinarios.
Por estas razones, el Tribunal concluyó que el requerimiento carecía de fundamento constitucional y procedió a su rechazo.
Los Ministros Miguel Ángel Fernández y Marcela Peredo estuvieron por acoger el requerimiento, argumentando que aplicar un precepto legal que prohíbe al justiciable fundar su acción en un determinado argumento resulta contrario a la esencia del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a defensa.
Señalaron que la Constitución no habilita al legislador para prohibir emplear ciertos argumentos en ejercicio del derecho a defensa, y que tal prohibición carece de racionalidad y justicia, pues consolida actos estatales previos que podrían lesionar derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, las garantías tributarias y el derecho de propiedad.
Asimismo, señalaron que esta limitación vulnera la función que la Constitución confiere al Poder Judicial, al impedir que los jueces conozcan y valoren adecuadamente los fundamentos invocados por las partes en juicio.
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