Por empate se rechaza requerimiento contra capitalización de intereses en deudas previsionales

Para desestimar el requerimiento, las Ministras Daniela Marzi (P), Nancy Yáñez y María Pía Silva, y el Ministro Mario Gómez señalaron que la capitalización mensual de intereses es coherente con el ordenamiento jurídico y tiene una clara justificación: garantizar el respeto a la seguridad social y al derecho de propiedad del trabajador. Explicaron que esta institución, reconocida en otras normas del ordenamiento como la Ley N°18.010, fue incorporada al D.L. N°3.500 por la Ley N°19.260 de 1993 con el objeto de desincentivar la postergación en el pago de cotizaciones, atendido que el sistema anterior aplicaba solo interés simple, lo que resultaba ventajoso para el empleador moroso.

En ese marco, enfatizaron que la capitalización mensual no constituye una sanción, sino una consecuencia de la mora, cuya aplicación depende exclusivamente de la voluntad del deudor; que no configura enriquecimiento injusto, pues responde a una causa legítima vinculada al incumplimiento del empleador; y que tampoco vulnera el principio de proporcionalidad, ya que se encuentra limitada en el tiempo y resguarda un interés público esencial como es el financiamiento del sistema previsional. Asimismo, sostuvieron que no se contradice el principio de non bis in idem, dado que la coexistencia con otras instituciones —como el arresto contemplado en la Ley N°17.322 o la apropiación indebida del Código Penal— obedece a finalidades y estatutos jurídicos distintos, sin configurarse una doble sanción por el mismo hecho.

Por su parte, los Ministros Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera y Héctor Mery, y la Ministra Marcela Peredo, estuvieron por acoger el requerimiento. Consideraron que el anatocismo constituye un efecto anómalo que, al sumarse a los reajustes e intereses —incluido el interés penal ya previsto—, genera un aumento desproporcionado de la deuda que excede la finalidad de resarcir perjuicios o resguardar el valor real de los fondos. A su juicio, ello vulnera el principio de proporcionalidad implícito en diversas garantías constitucionales, afecta la igualdad ante la ley al generar una desigualdad inaceptable respecto de otros deudores de obligaciones legales de naturaleza equivalente, como las pensiones de alimentos, y resulta contraproducente, pues lejos de incentivar el pago, dificulta seriamente su cumplimiento.

Agregaron que la regla rompe con la tradición jurídica que históricamente ha limitado el anatocismo —salvo excepciones contractuales bajo autonomía de la voluntad— y que en el ámbito de obligaciones legales no resulta admisible imponerlo sin opción del deudor.

En este escenario, estimaron que la norma impugnada no solo carece de causa legítima suficiente, sino que además vulnera el principio de non bis in idem al superponerse a otras sanciones, y excede lo realmente adeudado con sus reajustes y ganancias legítimas, configurando una afectación al derecho de propiedad del empleador.

En conclusión, sostuvieron que la capitalización mensual de intereses prevista en el artículo 19 inciso 13 del D.L. N°3.500 genera efectos inconstitucionales múltiples, infringiendo los artículos 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución.

Vea sentencia Rol N° 16.243-25-INA.