Alcalde de Linares recurre al Tribunal Constitucional y cuestiona suspensión automática del cargo por vulnerar el debido proceso

El alcalde de Linares, Mario Alejandro Meza Vásquez, dedujo ante el Tribunal Constitucional una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del inciso octavo del artículo 60 del D.F.L. N°1 de 2006, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por estimar que dicha norma vulnera la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

La acción fue interpuesta en el marco del procedimiento seguido ante el Tribunal Electoral Regional del Maule, originado a partir de un requerimiento presentado el 10 de agosto de 2023 por concejales de la comuna, quienes solicitaron la cesación en el cargo del alcalde por la causal de notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, prevista en la letra c) del artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En subsidio, los requirentes solicitaron la aplicación de sanciones disciplinarias contempladas en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

El requerimiento de remoción se funda en diversas imputaciones formuladas al alcalde, entre ellas la determinación con negligencia inexcusable de ingresos y gastos proyectados para efectos de fijar la planta municipal, el incumplimiento reiterado del deber de someter determinadas materias a la aprobación del Concejo Municipal, deficiencias en la rendición de la cuenta pública, la omisión en el pago oportuno de cotizaciones previsionales y la aplicación indebida de fondos vinculados a la Ley N°20.501 sobre calidad y equidad de la educación.

La norma impugnada establece que, en los casos de notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, el alcalde queda suspendido en el cargo de manera inmediata una vez notificada la sentencia de primera instancia que acoge el requerimiento, aun cuando dicha resolución no se encuentre firme ni ejecutoriada. Según el requerimiento, esta suspensión opera de pleno derecho o ipso iure, sin necesidad de una resolución específica que la decrete, sin procedimiento previo racional y justo, sin regulación sobre su duración, efectos remuneracionales o derechos asociados al cargo, y sin posibilidad de interponer recursos en su contra.

El escrito sostiene que esta suspensión constituye una auténtica sanción administrativa y no un mero efecto procesal, pues implica la privación temporal del ejercicio del cargo, activa mecanismos de subrogación y puede extenderse indefinidamente durante la tramitación del recurso de apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Se argumenta que ello vulnera principios esenciales del derecho administrativo sancionador, como la presunción de inocencia, el derecho al recurso y la prohibición de sanciones de plano, además de infringir el principio non bis in ídem, al permitir que el alcalde sea sancionado dos veces por los mismos hechos si posteriormente se confirma la cesación del cargo o se aplican sanciones disciplinarias.