Corte de Santiago rechaza reclamo contra adjudicación de Cenabast y descarta adulteración de oferta en licitación de insumos médicos

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una reclamación judicial interpuesta por una empresa en contra de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública (TCP), que había desestimado su impugnación relativa a la adjudicación del proceso licitatorio para la adquisición de vendas enyesadas por parte de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

La empresa reclamante solicitó que se declarara la ilegalidad y arbitrariedad de la adjudicación. Alegó que la oferta de la adjudicataria incumplió las especificaciones técnicas excluyentes del proceso; que se completó indebidamente mediante una aclaración solicitada por Cenabast; y que el proveedor habría incurrido en una adulteración de la ficha de producto al presentar un catálogo corregido con posterioridad al cierre de la recepción de ofertas. Sostuvo que tales antecedentes modificaron sustantivamente la propuesta adjudicada, vulnerando el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas y afectando el principio de igualdad entre oferentes.

El reclamante expuso que el TCP erró al circunscribir su análisis únicamente al uso del denominado “foro inverso”, ya que su impugnación se centraba en la introducción de antecedentes técnicos nuevos y en la supuesta modificación de la oferta mediante un catálogo corregido. A su juicio, las bases sólo permitían aclaraciones respecto de documentos obtenidos con anterioridad al cierre y que no implicaran alteración de la propuesta, lo que —sostuvo— no ocurrió en este caso.

La Corte de Santiago desestimó la reclamación, tras determinar que la decisión del TCP se ajustaba plenamente a derecho y que no se verificaban ilegalidades ni arbitrariedades en la evaluación realizada. El tribunal de alzada destacó que las Bases Tipo utilizadas por Cenabast, aprobadas mediante toma de razón por la Contraloría General de la República, contemplan la posibilidad de solicitar antecedentes o documentos destinados a subsanar omisiones o inconsistencias, siempre que ello no importe modificar la oferta, facultad más amplia que la prevista en el artículo 40 del derogado Reglamento de Compras.