Contraloría
GORE de Antofagasta debe fiscalizar gasto de proyecto FIC transferido a Universidad SEK por posible conflicto de interés
La Contraloría determinó que el Gobierno Regional de Antofagasta debe revisar la rendición de gastos de $35,5 millones entregados a la Universidad SEK para un proyecto financiado con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC). El organismo precisó que, aunque no se acreditó un conflicto de interés, corresponde verificar que los recursos se hayan destinado correctamente y que se cumpla el principio de probidad.
La Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° E156201N25, estableció que a las entidades privadas que reciben recursos públicos por transferencias les es aplicable el principio de probidad, y que corresponde al Gobierno Regional de Antofagasta revisar y pronunciarse fundadamente sobre la rendición de gastos presentada por la Universidad SEK.
El pronunciamiento responde a la consulta del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE) sobre la procedencia de aprobar un gasto por $35.500.000.- presentado por la Universidad SEK, correspondiente a recursos transferidos para la ejecución de un proyecto financiado con cargo al Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC), ante la posible existencia de un conflicto de interés vinculado a una profesional de la institución beneficiaria.
En su fundamento jurídico, la Contraloría señaló que:
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Conforme al artículo 8° de la Constitución y a la Ley N° 18.575, a las entidades privadas que perciben recursos públicos les resulta aplicable el principio de probidad, debiendo actuar con estricto apego al interés general, aun cuando no formen parte de la Administración del Estado.
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Los fondos transferidos por los gobiernos regionales deben destinarse exclusivamente al objeto del proyecto, siendo responsabilidad del otorgante verificar que los recursos se inviertan correctamente y que la documentación respaldatoria de los gastos cumpla con la normativa aplicable, según lo dispuesto en la Resolución N° 30 de 2015 de la Contraloría.
La jurisprudencia administrativa ha precisado que, aunque los fondos sean administrados por entes privados, estos deben observar principios de gestión propios del derecho público en la ejecución de los proyectos financiados con recursos públicos.
Del análisis de los antecedentes, se concluyó que:
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Corresponde al GORE revisar la rendición de los gastos pagados por la Universidad SEK a la Consultoría Legal Sociedad de Profesionales de Responsabilidad Limitada y aprobarlos únicamente si los servicios se prestaron conforme a la normativa aplicable y sin vulnerar el principio de probidad.
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No se acreditó que la profesional vinculada a la consultora fuese funcionaria de la Universidad SEK durante el periodo del proyecto, por lo que no se pudo determinar la existencia de un conflicto de interés.
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En adelante, el GORE deberá precisar en sus instructivos y convenios de transferencia las situaciones que configuren posibles conflictos de interés para garantizar transparencia y cumplimiento del principio de probidad.
En consecuencia, la Contraloría reafirma que los recursos públicos transferidos a entidades privadas deben ser administrados conforme a los principios de probidad y destinación específica, reservando la aprobación definitiva de los gastos al órgano otorgante, siempre que se cumpla la normativa vigente y no se vulneren principios éticos fundamentales.
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