A petición de la ANEF.

Contraloría dictaminó que organismos públicos no pueden solicitar a sus funcionarios información sobre militancia política.

“corresponden a una materia comprendida dentro del campo de aplicación de derechos individuales en cuyo ejercicio aquella autoridad no puede interferir, directa o indirectamente, mediante el uso de las atribuciones que las leyes les confieren respecto de los funcionarios públicos”.