Dictamen
Contraloría descarta uso de propiedad intelectual para justificar trato directo en contrataciones municipales de capacitaciones
Contraloría descartó que municipalidades justifiquen contrataciones directas para capacitaciones a concejales en certificados de registro de conferencias, señalando que ello no acredita derechos de propiedad intelectual suficientes, existen cursos públicos gratuitos y que esta práctica podría vulnerar los principios de eficiencia y resguardo del patrimonio municipal.
La Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° E148673N25, determinó que no resulta procedente fundamentar el trato directo para contratar servicios de capacitación en la causal de titularidad de derechos de propiedad intelectual basándose en certificados de titularidad de conferencias registradas por un proveedor.
El pronunciamiento responde a una denuncia de la Dirección de Compras y Contratación Pública sobre posibles incumplimientos de la normativa de compras públicas por parte de municipalidades que contrataron directamente a una empresa para capacitaciones y asesorías a concejales.
En su fundamento jurídico, la Contraloría señaló que:
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La Ley N° 19.886 y su reglamento establecen los casos en que procede el trato directo, incluyendo cuando la contratación solo pueda realizarse con proveedores titulares de derechos de propiedad intelectual.
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La jurisprudencia administrativa ha precisado que las circunstancias que justifican el trato directo deben estar suficientemente fundamentadas y acreditadas.
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La Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual protege las obras del intelecto, pero permite excepciones de uso sin autorización para actuaciones administrativas.
Del análisis de los antecedentes, se concluyó que:
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El registro de una conferencia como obra literaria no implica propiedad sobre su contenido, que generalmente aborda normativa e información pública.
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Los certificados de registro no acreditan suficientemente la procedencia del trato directo por titularidad de derechos de propiedad intelectual.
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No sería necesario contratar directamente las conferencias, ya que la ley permite su uso para el desempeño de la función pública.
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Existen cursos gratuitos sobre las mismas materias impartidos por instituciones públicas.
Por tanto, la Contraloría advierte que esta práctica podría contravenir el deber de resguardo del patrimonio municipal y los principios de eficiencia y economicidad en el uso de recursos públicos.
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