Contraloría aclara que la “Ley Karin” también protege a trabajadores a honorarios en casos de acoso

La Municipalidad de Pinto solicitó un pronunciamiento para aclarar si la ley N° 21.643, conocida como “Ley Karin”, que establece medidas de prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, se aplica también a las personas contratadas a honorarios y qué reglas deben regir en estos casos.

La Contraloría recordó que, según la jurisprudencia administrativa, quienes trabajan a honorarios no son funcionarios públicos. Por lo tanto, no tienen responsabilidad administrativa —salvo que se les haya otorgado expresamente la calidad de agentes públicos— y su relación con el organismo se rige principalmente por el contrato que hayan firmado. Esto significa que no cuentan con los mismos derechos que los funcionarios de planta o contrata, sino solo con los beneficios establecidos en su convenio.

Sin embargo, también se ha aceptado que las personas a honorarios puedan presentar denuncias por acoso en contra de funcionarios públicos. En esos casos, la autoridad debe ordenar una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley.

Enseguida, la Contraloría señala que la ley N° 21.643 modificó diversas normas —entre ellas las leyes N° 18.575, 18.834 y 18.883, además del Código del Trabajo— incorporando nuevas reglas para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral y sexual y la violencia en el trabajo. Además, que la Contraloría emitió instructivos en 2024 para orientar su aplicación.

La ley exige que los órganos del Estado cuenten con un protocolo de prevención que incluya, entre otros aspectos, medidas de protección, acciones de prevención, formación y mecanismos para resguardar la vida y salud de los trabajadores.

Entre las medidas de resguardo que pueden adoptarse en casos de denuncias se encuentran la separación de espacios físicos, la redistribución de la jornada y la atención psicológica temprana para la persona denunciante, a través de los programas del seguro de la ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.