ESTAFAS EN ESTUDIOS JURÍDICOS
Nueve Reinas y un Millón de Demandas
En Nueve reinas, la película argentina dirigida por Fabian Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, dos estafadores recorren Buenos Aires buscando personas dispuestas a creer.
En Nueve reinas, la película argentina dirigida por Fabian Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, dos estafadores recorren Buenos Aires buscando personas dispuestas a creer.
No necesitan inventar completamente la codicia de sus víctimas. Les basta con detectarla, estimularla y poner delante de ella una oportunidad demasiado atractiva para ser examinada con calma. El negocio siempre es urgente. La ganancia, extraordinaria. La ocasión, irrepetible. Y el incauto debe decidir antes de que la razón alcance a estropearlo todo.
Las nueve reinas son unas estampillas supuestamente valiosas. La operación consiste en venderlas a un comprador que dispone de pocas horas, mucho dinero y poderosas razones para no formular demasiadas preguntas.
Todo parece improvisado y, al mismo tiempo, cuidadosamente previsto. Hay especialistas, intermediarios, certificados, llamadas telefónicas, hoteles elegantes y un elenco completo de personas que aparecen en el momento preciso para confirmar que el negocio existe.
La falsificación no recae solamente sobre las estampillas. Se falsifica el contexto entero.
Veinticinco años después, la película conserva intacta su eficacia porque no habla únicamente de dos delincuentes. Habla de una sociedad llena de personas que venden expectativas y de otras que necesitan desesperadamente comprarlas.
El mundo jurídico tampoco permanece completamente ajeno a esa lógica.
En ciertos estudios ya no se ofrecen estampillas excepcionales. Se ofrecen litigios.
La mercadería es diferente, pero la técnica puede resultar familiar: una oportunidad desconocida por los abogados anteriores, una acción devastadora, una indemnización millonaria, una querella que pondrá al adversario contra las cuerdas o una interpretación jurídica novedosa que, curiosamente, nadie había advertido hasta ese momento.
También hay urgencia. Hay que demandar cuanto antes, pedir medidas precautorias, denunciar, querellarse, recurrir a la prensa o presentar una acción constitucional antes de que el contrario alcance a reaccionar.
El cliente entra a la oficina con un problema y puede salir creyéndose propietario de una fortuna: Ha sido despedido y le anuncian que obtendrá cientos de millones. Sufrió una mala atención y le aseguran que existe una negligencia gravísima. Discutió con sus socios y le explican que ha sido víctima de una asociación delictiva. Terminó una relación sentimental y descubre, después de una reunión, que cada decepción puede transformarse en violencia, perjuicio económico y daño moral.
La conversión del agravio en dinero ocurre con admirable rapidez.
No se pregunta primero qué sucedió, qué puede probarse, cuál es la norma aplicable, qué defensas tendrá la contraparte ni cuánto puede demorar el procedimiento. Primero se calcula la cifra. Después se intenta construir una teoría jurídica capaz de sostenerla.
Ha aparecido así una figura profesional especialmente adaptada a nuestro tiempo: el tasador de indignaciones.
Escucha el relato, confirma al cliente que ha sido víctima de una injusticia intolerable y traduce su dolor a una cantidad suficientemente elevada para justificar el juicio y los honorarios. No siempre miente de manera directa. Con frecuencia se limita a no desmentir aquello que el cliente desea escuchar.
En el mercado del litigio fácil, la indignación funciona como capital inicial y la demanda como prospecto de inversión.
Naturalmente, toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales. También existen perjuicios graves, abusos reales y conflictos cuya reparación exige decisiones judiciales firmes. El acceso a la justicia no puede quedar reservado a quienes poseen grandes recursos ni la profesión jurídica puede ser censurada por asumir casos difíciles o explorar interpretaciones novedosas.
El problema no es litigar.
El problema es vender la litigación como una promesa de enriquecimiento, castigo o redención personal cuando la pretensión carece de fundamentos suficientes o sus probabilidades reales han sido deliberadamente deformadas.
Una demanda por mil millones de pesos no constituye un patrimonio de mil millones de pesos.
Es una afirmación unilateral sometida a contradicción. Depende de los hechos que puedan probarse, de la norma aplicable, de la calificación jurídica del tribunal, de las defensas del demandado, de los recursos posteriores, de la solvencia del condenado y, finalmente, de la posibilidad efectiva de ejecutar lo resuelto.
Sin embargo, la cifra escrita en la demanda produce efectos inmediatos. Aparece en el expediente, puede transformarse en titular de prensa y permite que el demandante se represente a sí mismo como titular de una riqueza futura.
El proceso deja entonces de ser un mecanismo para resolver controversias y comienza a ser tratado como un activo especulativo.
Su valor no proviene necesariamente de la probabilidad de obtener una sentencia favorable. Puede radicar en el costo que impondrá a la contraparte, en el daño reputacional que provocará, en la duración del juicio o en la posibilidad de forzar un acuerdo para evitar males mayores.
Una acción jurídicamente débil puede tener un considerable valor de molestia; donde existe valor de molestia también aparecen quienes están dispuestos a comercializarlo.
La masificación de la profesión jurídica ha contribuido a este fenómeno. No porque los nuevos abogados sean necesariamente peores ni porque exista una virtud especial en quienes ingresaron antes a la profesión. Hay jóvenes rigurosos, brillantes y responsables, del mismo modo que existen abogados antiguos cuya principal destreza consiste en haber sobrevivido durante décadas a sus propios errores.
El problema es estructural.
Cuando la oferta profesional crece mucho más rápido que la demanda solvente por servicios jurídicos, aumenta la competencia por captar clientes. Y cuando no existen controles éticos suficientemente eficaces, parte de esa competencia comienza a desplazarse desde la calidad del consejo hacia la intensidad de la promesa.
El abogado prudente puede perder al cliente porque explicó los obstáculos, calculó los costos y desaconsejó el litigio. El temerario, en cambio, ofrece convicción, velocidad y cifras memorables.
Uno dice: “El caso es complejo”, el otro: “Esto está ganado”; uno advierte que el procedimiento puede durar años, el otro asegura que bastará con presentar la demanda para que la contraparte quiera negociar. Uno cobra por estudiar el conflicto, el otro ofrece una primera reunión gratuita en la que el cliente recibe exactamente el diagnóstico que esperaba.
En esa competencia, la prudencia llega con desventaja.
Pero sería cómodo atribuir toda la responsabilidad al abogado. Como ocurre en las mejores estafas, la víctima no crea el engaño, pero puede colaborar con una esperanza.
El cliente quiere creer que su humillación posee un precio extraordinario. Quiere que el tribunal confirme que tenía razón en todo, castigue al adversario y, si es posible, le permita además obtener una ganancia.
El abogado inescrupuloso no siempre inventa ese deseo. Lo organiza, lo cuantifica y le pone membrete.
Ambos comienzan a alimentar una ficción compartida. El cliente aporta el agravio; el abogado, el vocabulario. Uno entrega la rabia y el otro redacta los hechos. La pretensión crece con cada reunión hasta adquirir una magnitud que ya no guarda relación con el conflicto original.
A diferencia de las estampillas falsas, sin embargo, estas fantasías no permanecen en una habitación de hotel: Ingresan al sistema judicial.
Se transforman en demandas, querellas, denuncias, recursos y medidas cautelares. Obligan a notificar, contestar, recibir prueba, celebrar audiencias, dictar resoluciones y revisar decisiones. Consumen el tiempo de jueces, funcionarios y abogados de la contraparte. Prolongan conflictos que pudieron resolverse mediante una conversación honesta o una negociación razonable.
La estafa, cuando existe, no afecta únicamente al cliente que pagó por una expectativa imposible. También grava al sistema completo.
La litigación temeraria aumenta la congestión, encarece el acceso a la justicia y reduce el tiempo disponible para las controversias que verdaderamente requieren una respuesta jurisdiccional.
Además, produce un efecto cultural más profundo: transforma al abogado desde consejero jurídico en promotor de conflictos.
Su tarea deja de consistir en ordenar racionalmente una controversia, explicar sus límites y evitar daños innecesarios. Pasa a consistir en confirmar la versión del cliente, amplificarla y conducirla hacia el procedimiento que genere mayor presión.
El buen abogado no es quien encuentra una demanda detrás de cada problema. A veces es quien evita que el problema se convierta en demanda.
Pero ese servicio resulta difícil de exhibir. No produce sentencias, titulares ni fotografías en las puertas de los tribunales. Tampoco permite anunciar indemnizaciones espectaculares. Su resultado es apenas un conflicto que terminó antes de crecer.
La mesura tiene escaso rendimiento publicitario.
Por eso, en medio de la abundancia profesional, convendría recuperar una obligación elemental: decir la verdad al cliente incluso cuando esa verdad pueda llevarlo a buscar otro abogado.
Decirle que su sufrimiento no siempre configura un ilícito.
Que haber sido tratado injustamente no significa necesariamente que exista una acción judicial.
Que una demanda puede ser formalmente admisible y, al mismo tiempo, estar destinada al fracaso.
Que ganar un juicio no equivale siempre a recuperar lo gastado, ni obtener una sentencia favorable garantiza que pueda ejecutarse.
Y, sobre todo, que el proceso judicial no es una máquina destinada a transformar toda frustración humana en dinero.
En Nueve reinas, nadie sabe con certeza quién está engañando a quién hasta que la operación termina. Cada personaje cree comprender el negocio, poseer información privilegiada y estar a punto de obtener una ganancia extraordinaria.
En ciertos litigios ocurre algo parecido.
El cliente quiere creer que posee una fortuna. El abogado necesita creer que tiene un gran caso. El demandado puede terminar pagando para evitar el costo de demostrar que ambos se equivocan. Y el sistema judicial dedica años de trabajo a calcular el precio de una fantasía.
Solo que aquí no hay estampillas falsificadas.
Hay expedientes, audiencias, recursos y una confianza pública que también termina depreciándose.
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