Los Intocables, Caracortada y nuestra guerra contra las drogas

En Los intocables, de 1987, dirigida por Brian De Palma y con cuatro nominaciones a los premios Óscar, Chicago es una ciudad sitiada. Corre 1930 y los hombres de Al Capone controlan un negocio formidable: alcohol. Whisky, cerveza, gin. Sustancias que hoy compramos en un supermercado, pero que entonces habían sido expulsadas de la legalidad por la más formidable de las herramientas jurídicas norteamericanas: una enmienda constitucional.

La intención había sido virtuosa. Acabar con el alcoholismo, la violencia y la degradación social mediante la prohibición. El resultado fue bastante menos edificante. La gente siguió bebiendo y alguien tuvo que venderle el alcohol. El Estado abandonó ese mercado y el crimen organizado lo ocupó.

Capone entendió antes que muchos juristas una regla elemental de economía: cuando existe una demanda masiva y se prohíbe la oferta, el negocio no necesariamente desaparece. Se vuelve clandestino. Y cuando se vuelve clandestino, aumenta el riesgo, suben los márgenes y la violencia reemplaza a los tribunales como mecanismo para resolver las controversias comerciales.

Por eso Al Capone podía comprar policías, funcionarios, jueces y voluntades. La prohibición que pretendía destruir el vicio había contribuido a financiar al delincuente encargado de abastecerlo.

Cuatro años antes, el mismo Brian De Palma había llevado al cine la misma temática. Corría 1983 y su película Caracortada, ambientada en los albores de los años ’80 contó con las actuaciones protagónicas del siempre eficiente Al Pacino, Steven Bauer y Michelle Pfeiffer.

En Caracortada ya no estamos en Chicago sino en Miami. Ya no hay whisky sino cocaína. Al Capone se llama ahora Tony Montana. Los trajes han cambiado, las armas son mejores y las cantidades de dinero son obscenas. Pero la película, en algún sentido, es la misma.

Hay una sustancia que millones de personas quieren consumir. El Estado decide que nadie puede venderla. Alguien la vende de todos modos. Como no existen contratos exigibles, tribunales comerciales ni mecanismos legales para resolver las disputas, las reglas se escriben con sangre.

Casi un siglo después de Al Capone, seguimos viendo la misma película.

En Chile tenemos nuestra propia versión. Se llama Ley 20.000.

Llevamos años incautando drogas, allanando viviendas, encarcelando traficantes, desbaratando bandas y anunciando golpes históricos al narcotráfico. Y, sin embargo, el crimen organizado parece cada vez más poderoso, más sofisticado y mejor financiado.

Quizás ha llegado el momento de formular una pregunta incómoda: ¿y si estamos librando una guerra que, planteada en estos términos, no puede ganarse?

No porque el Estado deba rendirse frente al narcotráfico. Precisamente por lo contrario: porque quizá debería dejar de regalarle su principal fuente de financiamiento.

El narcotráfico no fabrica solamente droga. Fabrica dinero. Muchísimo dinero.

Y ese dinero existe, en buena medida, porque la mercancía es ilegal. El precio incorpora clandestinidad, riesgo, intermediarios, corrupción, protección y violencia. Una sustancia cuyo costo de producción puede ser relativamente bajo adquiere un valor extraordinario a medida que atraviesa fronteras y redes clandestinas hasta llegar al consumidor.

Ese margen financia armas, sicarios, vehículos, abogados, corrupción, lavado de activos y expansión territorial. También compra algo particularmente peligroso: jóvenes. Porque para determinados jóvenes el narcotráfico no se presenta como una discusión académica sobre política criminal. Se presenta como una posibilidad concreta de ascenso: Dinero, autos, ropa, poder, respeto, pertenencia.

Mientras nuestra sociedad convencional fomenta el esfuerzo y el estudio como vehículo para alcanzar un trabajo y movilidad social, el narcotráfico exhibe una versión inmediata —brutal y frecuentemente efímera— del éxito.

Si pretendemos competir contra eso exclusivamente con policías, fiscales y cárceles, hay algo que no cuadra.