Corte Suprema fija límites a Subtel y descarta que llamadas de cobranza extrajudicial constituyan servicios complementarios

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió el recurso de amparo económico deducido por la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la dictación de actos administrativos que dispusieron que las llamadas de cobranza extrajudicial telefónica debían utilizar bloques específicos de numeración —600 y 809— al considerarlas comunicaciones masivas sujetas a la normativa técnica aplicable a servicios complementarios.

La controversia se originó a partir de la Resolución Exenta N°286, publicada en el Diario Oficial el 13 de febrero de 2025, cuyo alcance fue posteriormente precisado mediante un oficio de la misma autoridad administrativa. A través de dichos actos, la Subsecretaría modificó la regulación contenida en una resolución de 2004 que clasifica los servicios complementarios al servicio público telefónico, incorporando nuevas categorías de comunicaciones masivas y asignándoles prefijos específicos de numeración.

El recurrente sostuvo que la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de extender la aplicación de la Resolución Exenta N°286 a las llamadas de cobranza extrajudicial telefónica resulta ilegal e inconstitucional, por cuanto dichas comunicaciones no constituyen publicidad masiva ni servicios complementarios de telecomunicaciones, sino gestiones individualizadas dirigidas a un deudor determinado con el objeto de exigir el pago de una obligación. Afirmó que la autoridad, mediante actos administrativos de rango infralegal, pretendió regular una actividad económica lícita ya contemplada en la normativa de protección al consumidor, vulnerando con ello la garantía constitucional de libertad para desarrollar actividades económicas, además de afectar gravemente el funcionamiento del sistema de crédito del retail financiero, cuya viabilidad —según indicó— depende en gran medida de la eficacia de las gestiones de cobranza extrajudicial.

Por su parte, la Subsecretaría de Telecomunicaciones solicitó el rechazo de la acción, sosteniendo que no se ha impedido la realización de llamadas de cobranza extrajudicial, sino únicamente regulado el modo en que deben efectuarse dentro del marco técnico aplicable a las redes públicas de telecomunicaciones. Señaló que la normativa sectorial le confiere facultades para clasificar los servicios complementarios y establecer los bloques de numeración que deben utilizar, afirmando que las comunicaciones de cobranza realizadas de manera masiva o automatizada constituyen servicios complementarios sujetos a dicha regulación. En tal sentido, indicó que la asignación del prefijo 600 responde a la existencia de una relación contractual previa entre quien realiza la llamada y el destinatario, permitiendo además que los usuarios identifiquen la naturaleza de la comunicación recibida.

La Corte de Santiago rechazó el recurso de amparo económico, al estimar que dicha acción sólo procede para denunciar infracciones al inciso segundo del artículo 19 N°21 de la Constitución —relativo a la participación empresarial del Estado— y no respecto del derecho a desarrollar actividades económicas consagrado en su inciso primero. En consecuencia, sostuvo que, si la alegación de la parte recurrente se funda en la supuesta afectación de esta última garantía, la vía idónea para reclamar era el recurso de protección del artículo 20 de la Carta Fundamental, razón por la cual desestimó la acción deducida.

Se previno que el ministro suplente señor Córdova concurrió al rechazo de la acción, aunque por fundamentos diversos. Señaló que el texto de la Ley N°18.971 no distingue entre los incisos primero y segundo del artículo 19 N°21 de la Constitución, por lo que la acción de amparo económico podría extenderse a ambas hipótesis; sin embargo, estimó que en el caso concreto no se configuraba vulneración alguna a la libertad de desarrollar actividades económicas. A su juicio, la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones no impide la realización de llamadas de cobranza extrajudicial, sino que únicamente establece el uso del prefijo 600 en atención a la existencia de una relación contractual previa entre las partes, medida que se encontraría amparada por las facultades legales y reglamentarias de la autoridad para dictar normas técnicas y regular la numeración en los servicios de telecomunicaciones.

En contra de la sentencia de primer grado, el recurrente interpuso recurso de apelación.