Imputada por tráfico drogas y que forma parte de asociación criminal no puede permanecer en la cárcel si fue diagnosticada de cáncer en etapa tres

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Garantía de la capital de la región de Ñuble por haber mantenido la prisión preventiva en contra de una imputada por delitos que tienen aparejada pena de crimen, tras ser diagnosticada de cáncer cérvico uterino en etapa 3.

El recurrente alegó que mantener la prisión preventiva, vulnera la libertad personal y seguridad individual, infringiendo con ello, además, los tratados internacionales, como la Convención de Belem do Pará y las Reglas de Bangkok, por cuanto el tribunal no solo no consideró la ausencia de antecedentes penales, sino que además no tuvo presente los nuevos antecedentes médicos presentados en audiencia, que dan cuenta de un diagnóstico confirmado de cáncer cérvico uterino en etapa avanzada, lo que exige cuidados y tratamientos que no pueden ser debidamente proporcionados al interior del recinto penitenciario y tampoco consideró el informe social que da cuenta del arraigo social, familiar y laboral de la interna.

Aduce que, la resolución impugnada carece de fundamentación suficiente al omitir un análisis claro y preciso de los antecedentes de salud de la amparada y de los estándares exigidos por los artículos 36 y 143 del Código Procesal Penal,

El recurrido informó que, en audiencia de revisión de prisión preventiva se resolvió mantener dicha medida respecto de la imputada, considerando que, pese a la enfermedad que la aqueja, no se presentaron antecedentes nuevos que permitieran modificar su situación procesal, ya que se encuentra formalizada por cuatro delitos graves relacionados con tráfico de drogas, actuando en el contexto de una asociación criminal, además de haber sido detenida con un arma de fuego y municiones, lo que implica una alta pena asignada al delito; en cuanto al estado de salud, sostuvo que la imputada está recibiendo atención médica por parte de instituciones de salud competentes; y respecto de su red de apoyo, indicó que estas personas se encontrarían en situación migratoria irregular, sumado a que la amparada tiene hijos en su país de origen, lo que configura un riesgo de fuga, por lo que las razones humanitarias esgrimidas por la defensa no serían suficientes para sustituir la prisión preventiva.

La Corte de Chillán acogió el recurso de amparo. El fallo refiere que, “(…) la resolución si bien es clara en cuanto a la decisión adoptada, no consigna de manera suficiente el razonamiento que llevó a la sentenciadora a desestimar las alegaciones de la defensa relativas al estado de salud de la amparada, y ante la falta de fundamentación de la resolución dictada por la recurrida, la acción debe necesariamente ser acogida.”