Corte de Copiapó deja sin efecto ingreso inmediato a prisión tras revocación de pena sustitutiva

En ese sentido, el tribunal sostuvo que la decisión se encuentra comprendida dentro de la hipótesis del artículo 79 del Código Penal, norma que establece que ninguna pena puede ejecutarse sino en virtud de sentencia ejecutoriada.

Asimismo, consideró aplicable el artículo 468 del Código Procesal Penal, que dispone que las sentencias condenatorias no pueden cumplirse mientras no se encuentren firmes.

De este modo, la Corte concluyó que, existiendo aún plazo para impugnar la resolución que revocó la pena sustitutiva, no correspondía ordenar el ingreso inmediato del condenado al establecimiento penitenciario.

El tribunal agregó que la ejecución anticipada de la decisión afectaba la libertad personal del amparado, al aplicarse una regla procesal desfavorable que permitía su privación de libertad antes de que la resolución adquiriera firmeza.

La Corte señaló además que este criterio ha sido reiteradamente sostenido por la Corte Suprema en casos análogos, citando pronunciamientos en las causas Roles 41.940-2024, 47.943-2024 y 2299-2026, en las que el máximo tribunal ha determinado que, tratándose de la ejecución de penas privativas de libertad, resulta exigible la ejecutoriedad de la resolución respectiva.

Con todo, el tribunal precisó que, si bien no procede ordenar el ingreso inmediato del condenado a un centro penitenciario, sí es posible adoptar medidas cautelares destinadas a asegurar su comparecencia y el eventual cumplimiento de la pena.

Por ello, al acoger la acción de amparo, la Corte dejó sin efecto la orden de ingreso y dispuso la aplicación de medidas cautelares personales contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. En concreto, decretó el arresto domiciliario total del condenado en su domicilio, así como la medida de arraigo nacional.

Finalmente, la Corte instruyó al Juzgado de Garantía de Copiapó realizar las comunicaciones y registros correspondientes para el adecuado control de las medidas cautelares decretadas.

La decisión se acordado con el voto en contra de la Ministra Osses Herrera quien fue de la opinión de rechazar el recurso de amparo ya que la resolución atacada no puede ser considerada como ilegal, puesto que no es una sentencia definitiva que ponga término al juicio y, en ese entendido, el artículo 368 del Código Procesal Penal establece como regla general que los recursos de apelación se conceden en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley señale expresamente lo contrario. Lo anterior, añade, se ve corroborado por el artículo 355 del mismo cuerpo legal, el que refiere que la interposición de un recurso no suspende la ejecución de una resolución, salvo que fuere una sentencia definitiva condenatoria o que la ley dispusiere expresamente lo contrario. Finalmente, porque la resolución reprochada lo que hace es disponer la manera en cómo la sentencia debe cumplirse, de modo que tampoco se está en la hipótesis del artículo 79 del Código Penal. Ello se condice con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°18.216 que, al consagrar el recurso de apelación para esta materia, no señaló la extensión de los efectos -de su concesión-, de modo que han de aplicarse las reglas generales anteriormente referidas.

Vea sentencia Corte de Copiapó Rol N°82-2026.