TC suspende remate y revisará norma que fija avalúo fiscal como mínimo en subastas judiciales

El conflicto de constitucionalidad que plantea la requirente radica en que la aplicación del precepto impugnado vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos y la garantía del derecho de propiedad, al establecer el avalúo fiscal como mínimo para la subasta, lo que beneficia al ejecutante y genera cargas procesales desiguales para el ejecutado. Argumenta que esta disposición impone una limitación injustificada al dominio del deudor, al permitir que su propiedad pueda ser adjudicada por un valor inferior al de mercado, afectando su derecho a disponer de sus bienes en condiciones equitativas. Sostiene además que no tuvo oportunidad de ejercer sus derechos procesales para impugnar el mínimo de la subasta, por falta de una defensa eficiente.

En tal sentido, la aplicación del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil en este caso concreto no supera un examen de proporcionalidad estricta, pues la celeridad en la satisfacción del crédito se privilegia por sobre la necesidad de resguardar el valor real del bien ejecutado, configurándose una afectación grave al debido proceso y al núcleo esencial del derecho de propiedad.

Asimismo, se denuncia que el uso del avalúo fiscal como parámetro mínimo carece de razonabilidad, ya que no refleja el precio justo de la cosa, lo que redunda en un trato discriminatorio y en la generación de un resultado confiscatorio en perjuicio del ejecutado.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional resolvió admitir a trámite el requerimiento y conferir traslado a las partes de la gestión pendiente para que se pronuncien sobre su admisibilidad. Asimismo, decretó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada. En caso de que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Vea requerimiento y expediente Rol N° 16.888-25-INA.