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Histórico fallo
Tribunal tailandés condena a empresa minera por contaminación ambiental en zonas rurales
Estableció la responsabilidad civil de la empresa tras acreditarse la presencia de metales pesados en los residentes locales y el entorno natural. El dictamen, que aplica el principio de quien contamina paga, pone fin a una disputa de casi una década que incluyó arbitrajes internacionales y la intervención de organismos de las Naciones Unidas ante las denuncias presentadas por las comunidades de Phichit y Phetchabun.
Un tribunal de Tailandia emitió una sentencia que declara a la empresa Akara Resources PLC, encargada de la mina de oro Chatree, como responsable legal de los perjuicios ambientales y sanitarios detectados en las comunidades colindantes. Esta resolución representa el primer caso de una demanda colectiva de carácter ambiental que prospera en el sistema judicial de dicho país.
El proceso fue impulsado por aproximadamente 300 residentes de las provincias de Phichit y Phetchabun, quienes sostuvieron que la actividad extractiva prolongada generó una contaminación que afectó sus medios de subsistencia y su integridad física.
La determinación judicial se fundamentó en informes médicos que demostraron la existencia de concentraciones elevadas de arsénico, manganeso y cianuro en los habitantes de la zona. Asimismo, se incorporaron peritajes ambientales que confirmaron la presencia de agentes contaminantes en los depósitos de agua y suelos agrícolas de uso comunitario.
El tribunal consideró que la parte demandada no logró desvincular sus procesos industriales de los daños reportados por los demandantes, fijando millonarias indemnizaciones por cada afectado, junto con el pago de tratamientos médicos y compensaciones por daño moral.
Este litigio se originó formalmente tras una serie de conflictos que llevaron al gobierno tailandés a suspender las faenas mineras en 2016, mediante el uso de facultades ejecutivas especiales por parte del entonces primer ministro Prayuth Chan-ocha. Aquella decisión inicial derivó en un arbitraje internacional iniciado por la empresa matriz de la operadora, bajo el argumento de una revocación ilícita de los permisos de explotación. No obstante, dicho procedimiento de arbitraje finalizó cuando la compañía retiró sus reclamaciones contra el Estado, permitiendo que la acción civil de los aldeanos continuara de forma independiente en las cortes nacionales.
El caso también alcanzó instancias internacionales a través de una petición presentada por la organización Manushya Foundation ante las Naciones Unidas, donde se expusieron presuntas vulneraciones a los derechos humanos derivadas de la operación minera.
Aunque Akara Resources presentó descargos técnicos ante el organismo internacional para refutar estas acusaciones, la fundación persistió en su postura mediante informes de verificación basados en registros públicos y testimonios locales. Con este dictamen, la justicia tailandesa refuerza el criterio de responsabilidad corporativa y la aplicación del principio de quien contamina paga en el marco de una tendencia global de litigios relacionados con el impacto ambiental de la gran industria.
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