TJUE dictamina que Estados miembros no pueden denegar una orden de detención y ejecutar la pena sin el consentimiento del Estado requirente

En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) para empezar, que la orden de detención europea se basa en el principio de confianza mutua, y que la denegación de la ejecución es una excepción, que siempre debe interpretarse de forma estricta. Por tanto, los órganos judiciales del Estado miembro que deniega la ejecución de la orden de detención europea para que la condena se ejecute en el territorio de dicho Estado deben obtener el consentimiento de los órganos del Estado miembro de emisión en cuanto a la asunción de la ejecución de la pena impuesta en este último Estado”.

Agrega que, “(…) ese consentimiento implica la transmisión al Estado miembro de ejecución de la sentencia condenatoria dictada por el Estado miembro de emisión, junto con un certificado. Sin ese consentimiento, no se cumplen los requisitos para la asunción de la ejecución y la persona de que se trate debe ser entregada. En efecto, el objetivo de incrementar las posibilidades de reinserción social, invocado por las autoridades italianas, no es absoluto y debe conciliarse con la norma de principio según la cual los Estados miembros están obligados a ejecutar toda orden de detención Europea”.

El Tribunal concluye que, “(…) habida cuenta de las diferentes funciones de la pena en la sociedad, los órganos del Estado miembro en el que una persona ha sido condenada a una pena privativa de libertad pueden basarse legítimamente en consideraciones de política penal propias para justificar que la pena impuesta se ejecute en su territorio y, por tanto, rehusar la transmisión de la sentencia condenatoria y del certificado para la ejecución de la condena en otro Estado miembro. En cualquier caso, si la denegación de la ejecución de una orden de detención europea se ha realizado incumpliendo los requisitos esenciales y el procedimiento establecido por el Derecho de la Unión, la orden de detención europea sigue vigente, y el Estado que la ha emitido conserva el derecho a ejecutar en su propio territorio la pena impuesta”.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.