Falta de contestación en litigio de desalojo de inmueble no obliga al juez a acoger la pretensión del propietario, resuelve un tribunal argentino

Agrega que, “(…) la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, entre otros aspectos, que en todas las medidas que se tomen y afecten a los niños se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño. La misma directiva surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 7º. Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, a las que adhirió el STJ mediante acuerdo 3117/11 que obligan al sistema judicial a configurarse «para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad». Como se puede observar, el marco legal que abarca el presente caso es más complejo de lo que pretende el actor y no puede soslayarse lo dicho por el Juez de Primera Instancia en relación a las perspectivas con las que se debe juzgar”.

Comprueba que, “(…) los agravios del recurrente lejos están de constituir una crítica concreta y razonada a los fundamentos esgrimidos por el juez para decidir del modo en que lo hizo, y sólo demuestran una discrepancia con lo decidido por el a quo. El hecho de que la crítica sea concreta se debe a que la misma tiene que referirse específicamente al error de la resolución por el cual se reclama ante la alzada, pues los agravios deben ser hechos de modo claro y explícito, aspecto que constituye una carga procesal y deben contener una indicación detallada de los pretendidos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento. Que la crítica sea razonada importa que la misma debe contener fundamentos y una explicación lógica de por qué el juez ha errado en su decisión, es decir, ha de presentarse una crítica precisa de cuáles son los errores que la resolución contiene, ya sea en la apreciación de los hechos y de la valoración de la prueba o de la aplicación de las normas jurídicas”.

La Cámara concluye que, “(…) el juez aplicó correctamente los estándares establecidos en tratados internacionales y normativa nacional que priorizan el interés superior del niño y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Estos principios no implican una violación del derecho a la propiedad, sino una ponderación necesaria en casos como este, donde se contraponen derechos fundamentales. La presencia de una niña con discapacidad en el inmueble exige un análisis contextual que considere su impacto social y familiar. En cuanto a los agravios referidos a la valoración de la prueba, la recurrente no ofreció argumentos concretos ni rebatió adecuadamente los fundamentos del fallo. Las suposiciones esbozadas, como posibles errores de tipeo o incumplimientos previos, no constituyen pruebas suficientes para revertir las conclusiones del juez de grado”.

En mérito de lo expuesto, la Cámara declaró desierto el recurso de apelación deducido en todas sus partes.

Vea sentencia Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico .