Elección popular de jueces en Mexico reabre debate sobre independencia judicial

Por estas razones, Jaén se manifiesta contrario a la elección judicial mediante voto popular, especialmente cuando no se encuentran suficientemente garantizados los principios de mérito y capacidad. A su juicio, estas exigencias deben ser todavía más rigurosas tratándose del acceso a un tribunal supremo, que debería estar integrado por juristas de la mayor excelencia y mantenerse plenamente ajeno a intereses partidistas que puedan influir en los mecanismos previos de selección.

En contraste, destaca que en España los principios de mérito y capacidad se encuentran históricamente incorporados al sistema de acceso a la judicatura. Esta tradición se remonta incluso a la Constitución de 1869, cuyo artículo 94 establecía que “el ingreso en la carrera judicial será por oposición”.

Frente a ello, sostiene que el sistema de elección popular implantado en México no garantiza que las personas elegidas cuenten con la preparación que exige una función de tanta responsabilidad como la judicial. Además, las características complementarias del modelo —como la selección previa de candidatos y la existencia de un tribunal de disciplina judicial— incrementan, en su opinión, el riesgo de control político sobre el Poder Judicial, algo incompatible con un Estado democrático de Derecho cuya estructura descansa precisamente en la separación de poderes.

Jaén reconoce que los jueces, como cualquier persona, poseen sus propias filosofías, opiniones e ideologías, pero sostiene que ello no debería interferir en su deber de aplicar la ley.

El verdadero debate, explica, consiste en determinar los límites que imponen el principio de legalidad y la interpretación jurídica al momento de resolver los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales.

Lo que debe rechazarse, afirma, son las presiones o consignas políticas que el Poder Ejecutivo pueda intentar ejercer sobre la judicatura, porque constituyen un ataque directo a su independencia.

Del mismo modo, considera igualmente contrario a la separación de poderes que los jueces pretendan actuar como legisladores bajo el pretexto de interpretar la ley, creando Derecho en vez de aplicarlo dentro del ámbito que constitucionalmente les corresponde.

El problema central reside, entonces, en determinar hasta dónde puede llegar la interpretación judicial y dónde se encuentra la frontera entre lo jurídico —entendido como aplicación del Derecho— y lo político —comprendido como creación del Derecho—.

A juicio de Jaén, esa cuestión exige una sólida formación en hermenéutica y argumentación jurídica, conocimientos que considera indispensables para quienes ejercen la magistratura.

En ese contexto, hace referencia al libro de Carlos Parma, “Argumentación jurídica”, destacando que estas herramientas intelectuales no pueden resultar ajenas a la formación judicial si se pretende que los jueces cumplan adecuadamente su alta responsabilidad de aplicar correctamente el Derecho.

Así, el debate sobre la democratización del Poder Judicial no debería centrarse, según el planteamiento expuesto, en convertir a los jueces en autoridades sujetas a elección política, sino en diseñar mecanismos capaces de garantizar simultáneamente su independencia, capacidad técnica, mérito e imparcialidad, elementos indispensables para preservar la separación de poderes y el funcionamiento del Estado democrático de Derecho.