Rechazo de la subdivisión de un predio que no cumple con la superficie indicada en los planos, se ajusta a derecho.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por una sociedad agrícola en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por el rechazo de su solicitud de certificación del proyecto de subdivisión de un predio rústico.

La recurrente expuso que solicitó la certificación de un proyecto de subdivisión para un predio rústico, el cual fue rechazado por el SAG debido a que 12 de los lotes propuestos presentaban superficies menores a las indicadas en el plano de subdivisión. Sin embargo, argumentó que la diferencia es marginal, inferior al 1%, y no afecta la superficie mínima exigida por la normativa vigente, ya que todos los lotes cumplen con el requisito de no ser menores a 0,5 hectáreas. Sostuvo que la resolución del SAG es arbitraria e irracional, ya que no existe coherencia entre la decisión administrativa y el fin público perseguido, considerando que la normativa solo exige tres condiciones básicas para la certificación, las cuales fueron cumplidas. Además, que la resolución no fundamenta adecuadamente la infracción de la normativa, e incumple los principios de legalidad y la Ley N° 19.880, por lo que solicitó que se deje sin efecto.

La recurrida instó por el rechazo de la acción, señalando que la solicitud de certificación de la actora fue rechazada debido a una serie de deficiencias técnicas en el proyecto, las cuales están suficientemente fundamentadas. Entre tales deficiencias, mencionó problemas en el plano y otros errores técnicos que impiden cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Añadió que la recurrente reconoció en su libelo que el proyecto no cumplía con la normativa, lo que dificulta su certificación, y que el cumplimiento de los requisitos es esencial para evitar futuros errores en los Conservadores de Bienes Raíces. Finalmente, sostuvo que no se afecta el derecho de propiedad de la actora, sino que simplemente se requiere el cumplimiento de la normativa para proceder con el trámite, sugiriendo presentar nuevamente la solicitud una vez subsanadas las irregularidades.