Corte Suprema fija criterios sobre condonación parcial de pagos indebidos percibidos por funcionarios públicos

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y rechazó el recurso de protección deducido por unos funcionarios en contra de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, acción interpuesta a raíz de resoluciones administrativas que dispusieron la restitución parcial de montos pagados en exceso por concepto de remuneraciones, producto de un error en el sistema de cálculo aplicado entre los años 2013 y 2018.

Según se expuso en el fallo, la situación tuvo su origen en una revisión interna efectuada por la autoridad administrativa, la cual detectó que, durante un período prolongado, se utilizó una tabla errónea para la conversión de remuneraciones a dólares, lo que generó pagos mensuales superiores a los que correspondían. Con posterioridad, se solicitó a la Contraloría la condonación de los montos indebidamente percibidos, atendido que éstos habrían sido recibidos de buena fe por los funcionarios afectados.

La Contraloría resolvió acoger parcialmente dichas solicitudes, liberando a los interesados de la obligación de reintegrar el 50% de las sumas adeudadas y otorgando facilidades de pago respecto del saldo restante, decisión que fue confirmada al rechazarse el recurso de reposición deducido en su contra.

Al interponer la acción de protección, los recurrentes alegaron que las resoluciones dictadas por la Contraloría General de la República resultaban ilegales y arbitrarias, al imponerles la restitución parcial de sumas indebidamente percibidas sin una fundamentación suficiente que justificara la negativa a conceder una condonación total. Sostuvieron que, concurriendo buena fe y justa causa de error, la autoridad omitió ejercer adecuadamente la facultad prevista en la ley, limitándose a fijar un porcentaje de condonación sin explicitar los criterios concretos que lo sustentaban. En ese contexto, afirmaron que el acto impugnado vulneraba los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como su derecho de propiedad, al trasladarles injustificadamente las consecuencias patrimoniales de un error administrativo que no les era imputable.

En su informe, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado expuso que no tuvo intervención en la decisión de condonar total o parcialmente los montos cuestionados, por tratarse de una materia de competencia exclusiva de la Contraloría General de la República. Señaló que, tras detectarse el error en el cálculo de las remuneraciones en moneda extranjera, solicitó oportunamente al órgano contralor la liberación total de la obligación de restitución, atendida la buena fe de los funcionarios afectados y la complejidad del sistema de cálculo aplicado. No obstante, explicó que dicha solicitud fue desestimada por la autoridad fiscalizadora, la cual resolvió acoger solo parcialmente las peticiones individuales de condonación y ordenó el reintegro del saldo restante, limitándose el servicio a ejecutar los descuentos dispuestos, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Contraloría y dentro del marco de sus obligaciones legales.

Finalmente, la Contraloría General de la República solicitó el rechazo de la acción constitucional, sosteniendo que las resoluciones impugnadas se ajustaban plenamente a derecho y constituían un beneficio para los recurrentes, al haberles otorgado una condonación parcial de las sumas indebidamente percibidas y facilidades para la restitución del saldo. Explicó que, conforme al artículo 67 de la Ley N° 10.336, el Contralor se encuentra facultado para liberar total o parcialmente de la obligación de reintegro cuando exista buena fe o justa causa de error, tratándose de una atribución de carácter discrecional que exige ponderar las circunstancias que generaron la deuda, la capacidad económica de los interesados y el resguardo del patrimonio público. En ese contexto, señaló que, aun reconociendo la buena fe de los funcionarios y la complejidad del sistema de cálculo, la restitución parcial resultaba necesaria para evitar un enriquecimiento sin causa y resguardar el erario fiscal, agregando que las alegaciones relativas a la prescripción, proporcionalidad y razonabilidad excedían el ámbito propio del recurso de protección.