Tribunal de EE.UU. rechaza política de detención de migrantes sin derecho a fianza decretada por el gobierno

Un tribunal federal de apelaciones de Nueva York (Estados Unidos) dictó una sentencia que invalida la política del gobierno de Donald Trump de mantener en detención obligatoria, y sin derecho a solicitar fianza, a la mayor parte de las personas arrestadas en operativos migratorios. Determinó que la administración federal aplicó una interpretación inédita pero incorrecta de una normativa de inmigración vigente hace décadas para implementar una estrategia de detención masiva.

Esta resolución judicial se dicta en un escenario de discrepancia jurídica, luego de que otros dos tribunales de apelaciones fallaran de manera contraria, dejando sin efecto decisiones previas que favorecían a los detenidos. Debido a que existen criterios judiciales contradictorios entre los distintos circuitos, es altamente probable que la Corte Suprema de los Estados Unidos deba intervenir para entregar una interpretación definitiva sobre la materia.

El tribunal mencionó los fallos de las otras cortes pero decidió distanciarse de ellos. Con esta postura, el tribunal se unió a la visión de más de trescientos setenta jueces de instancias inferiores en todo el país, quienes han sostenido que el Ejecutivo está aplicando la ley de forma errónea. El fallo confirmó la orden de un juez que permitió la liberación de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano de origen brasileño arrestado el año pasado tras haber residido en territorio estadounidense por más de veinte años.

En los fundamentos de la sentencia, señaló que aceptar la tesis del gobierno significaría avalar el mandato de detención sin fianza más extenso en la historia del país, afectando potencialmente a millones de personas extranjeras. La controversia legal radica en que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a clasificar a extranjeros residentes como solicitantes de admisión, una categoría técnica que, según la legislación federal, permite la detención obligatoria mientras los casos se tramitan en los tribunales de inmigración.

La aplicación de este criterio se generalizó tras una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración en septiembre pasado, lo que derivó en órdenes de detención sistemáticas por parte de los jueces del área. Mientras que los equipos legales de los afectados han valorado el fallo por limitar la capacidad del Ejecutivo de reinterpretar la ley de forma unilateral, el Departamento de Justicia ha optado por no emitir declaraciones oficiales respecto a la sentencia tras ser consultado.

Vea texto de la sentencia.