Quebec (Canadá) aprueba ley que prohíbe a instituciones públicas utilizar símbolos religiosos

La Asamblea Legislativa de Quebec oficializó la aprobación del Proyecto de Ley 9, una normativa que profundiza el carácter laico de las instituciones en dicha provincia. Esta medida amplía las disposiciones del anterior Proyecto de Ley 21, extendiendo las prohibiciones relativas al uso de símbolos religiosos hacia los ámbitos de la educación superior, los centros de salud y las guarderías que reciben financiamiento estatal. La promulgación se llevó a cabo bajo la administración del primer ministro François Legault, marcando una de sus últimas gestiones antes de que su renuncia se hiciera efectiva.

El nuevo marco legal introduce restricciones específicas que afectan el funcionamiento cotidiano de diversas entidades. Entre ellas, se prohíbe que instituciones públicas como los hospitales ofrezcan exclusivamente servicios de alimentación basados en tradiciones religiosas, tales como dietas halal o kosher. Asimismo, el texto impide la habilitación de espacios de oración en universidades financiadas con fondos públicos y condiciona las manifestaciones religiosas colectivas en vías públicas a una autorización municipal que considere criterios de corta duración y accesibilidad general.

La legislación también establece la prohibición de cubrirse el rostro para quienes reciban servicios en instituciones educativas de nivel postsecundario y centros de cuidado infantil. Adicionalmente, el Proyecto de Ley 9 estipula el retiro de la financiación pública para los centros educativos privados que posean carácter religioso. Estas medidas obligan a los trabajadores de los sectores afectados a omitir el uso de distintivos de fe en el ejercicio de sus funciones profesionales dentro de las instituciones reguladas.

Desde una perspectiva jurídica, la aplicación de esta ley se fundamenta en el artículo 33 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Esta cláusula de excepción faculta a las legislaturas provinciales para dictar normas que suspendan temporalmente la aplicación de derechos vinculados a la libertad de conciencia y la igualdad, contemplados en los artículos 2(a) y 15 de la citada Carta. No obstante, la controversia legal se ha trasladado a la Corte Suprema de Canadá, donde se debate si esta cláusula puede prevalecer sobre el artículo 28, el cual resguarda la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sin posibilidad de suspensión por la vía de la cláusula de excepción.

El máximo tribunal canadiense ya ha iniciado el examen del caso English Montreal School Board contra el Fiscal General de Quebec, cuyo desenlace determinará la validez constitucional de estas restricciones.

Aunque la audiencia se realizó recientemente, se prevé que la sentencia definitiva se publique en el año 2026, considerando los plazos establecidos para la redacción de fallos por parte de los magistrados tras su jubilación. La resolución será clave para establecer los límites del poder legislativo provincial en relación con las garantías fundamentales protegidas por la constitución federal canadiense.

Vea texto legislativo.