Tribunales por País · página 94

Se incorporan nuevas agravantes para el delito de maltrato animal, se reconoce a los jueces y tribunales la facultad de decretar medidas cautelares, incluyendo el cambio sobre la titularidad y cuidado del animal.

El ambiente no es un objeto destinado al exclusivo servicio del hombre, apropiable en función de sus necesidades y de la tecnología disponible, tal como aquello que responde a la voluntad de un sujeto que es su propietario.

La naturaleza conjunta de la obligación alimentaria de los padres no significa que ambos deban responder en igual porcentaje para la cobertura del gasto total de manutención. En esa medida, el aporte que corresponde cubrir a cada padre debe fijarse en proporción a sus propias posibilidades económicas y condiciones personales.

Manifestó su preocupación por el contenido del proyecto de ley que endurece la legislación en materia migratoria, el cual permite la reconducción de inmigrantes a terceros países, a través de procedimientos sumarios.

¿Las relaciones no monogámicas generan efectos negativos que afectan los derechos humanos de las mujeres y la niñez?

Esta exigencia rige también en otros tribunales, tales como, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en primera instancia en el Tribunal General (TGUE) y la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por más que pueda ser reparado mediante cirugía, no dejaría de subsistir, por lo que tiene de alteración de la forma original de una parte de la anatomía del afectado.

El hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que le incumben, respecto de las cuales, en caso de existir agravio constitucional, cabe la interposición de los recursos de ley.

Una ley que buscar erradicar los matrimonios infantiles, también debe regular, en los casos de los matrimonios celebrados en el extranjero y que se declaran nulos conforme a la ley alemana, los efectos de la declaración de nulidad.

Se hace imprescindible que el reconocimiento fotográfico se haya realizado en condiciones tales que descarten por completo la eventual influencia de los funcionarios policiales sobre la persona que ha de realizar la identificación.

El derecho a morir dignamente guarda relaciones evidentes con los derechos a la vida digna y la autonomía, en sus dimensiones de autodeterminación e integridad; así como con el derecho a la salud, pues su ejercicio, invariablemente, va ligado a la prestación oportuna, eficiente, integral de los servicios necesarios para preservar el máximo nivel posible de bienestar de cada persona desde el comienzo hasta el final de su existencia.

La audiencia de juicio oral agravará la traumatización y le causarán daños psicológicos al hijo menor.

La única actividad detectada fue la de otorgamiento de los negocios inmobiliarios, ya que los negocios consistían en adquisición y venta de terrenos e inmuebles, por lo que la Fundación Benéfica se constituyó como un puro instrumento defraudatorio para acogerse a un régimen fiscal privilegiado.

La autoridad enfrenta un juicio por la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza. Así, el legislativo ha tomado la decisión de blindar a Netanyahu para evitar su destitución durante la tramitación del proceso penal en su contra.

El Código de Propiedad Intelectual francés protege los derechos del autor de una obra, esto es, su nombre, estatuto y obra, sin embargo, no prohíbe los análisis y las citas breves con carácter crítico, polémico, pedagógico, científico o divulgativo de la obra, siempre que se indique claramente el nombre del autor y la fuente.

El Jurado es contundente en el sentido de que puede existir una base patológica de trastorno en el estado mental de la acusada, pero que tal estado no influyó, ni tuvo incidencia, en el comportamiento que es objeto de este enjuiciamiento, es decir, en el hecho de que decidiera, conscientemente y con todos los preparativos, matar a su hija.

No hay diferencia alguna en que el interlocutor que quiere registrar la conversación lo haga y luego la transmita a un tercero o directamente le permite al tercero acceder a la conversación para que la grabe.

La norma impugnada era imprecisa y estaba redactada en un lenguaje poco claro, lo que daba pie a interpretaciones obscuras. Estas conductas, tipificadas en la norma como “actos sexuales contra natura”, estaban penadas con hasta 3 de cárcel.

Los tribunales internos aplicaron un plazo de prescripción de cinco años que comenzó a correr a partir de la fecha de la alteración irreversible de la tierra. Como resultado, se le negó la posibilidad que, en principio, había estado disponible para ella de obtener daños y perjuicios, arbitrariamente.

El principio de precaución no exige conocer todos los supuestos biológicos posibles ni tampoco tener certeza absoluta del impacto de las medidas que se adoptan.

El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que no exige el reembolso íntegro de los costes efectivamente soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas cuando permiten la interceptación legal de comunicaciones electrónicas por las autoridades nacionales competentes, siempre que esa normativa no sea discriminatoria, proporcionada y transparente.

Sólo cuando no hay duda acerca de cuál es la norma que el legislador quiso expresar en el texto legal, puede el juez constitucional emitir una sentencia que declare su invalidez. Por tanto, la dignidad democrática de la ley se traduce en una primera consecuencia: la doctrina de la interpretación de la ley conforme a la Constitución.

No tiene sentido la invocación de la perspectiva de género cuando la norma a interpretar afecta exactamente por igual y sin distinción alguna a mujeres y hombres, de forma que carezca de cualquier incidencia en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

Establece un mecanismo para que las organizaciones armadas del país depongan las armas a través de un marco jurídico especial. Los líderes de estos grupos que hayan violado los derechos humanos no podrán acogerse a la ley.

No se requiere que la persona esté realmente desnuda exponiendo partes íntimas de su cuerpo o participando en actividades sexuales; es suficiente si están en un lugar donde se puede esperar razonablemente que una persona se encuentre en tal estado, como un vestidor, un baño, una cabina de ducha o un dormitorio. Además, la norma no requiere que el acusado actúe con un propósito sexual.

La normativa prevé que el Ministerio de Educación otorgue la validez nacional de los títulos y certificados, reconociéndolo como oficial a los fines de asegurar el ordenamiento y cohesión del sistema educativo nacional. Pero en ningún lugar surge el carácter “estatal” a la que se refiere la recurrente.

Según un estudio, en los últimos 25 años los jueces han resuelto unas 100.000 solicitudes de asilo. Solo en lo que va del gobierno de Biden se han dictado unas 36.000 resoluciones, de las cuales 10.000 han favorecido a los migrantes.

Aun no habiendo incorporado a la causa el documento auténtico, ello no implicaba que no hubiera quedado acreditada la existencia de la deuda, pues en el proceso penal ninguna prueba tiene preferencia sobre otra.

La madurez sexual, en la pornografía infantil, por deseo expreso de la norma, no resulta relevante; consecuencia del bien jurídico protegido, el derecho personalísimo reforzado al desarrollo equilibrado del menor, en concreto en relación a su desarrollo sexual.

El estado policial o militar confiere a los órganos específicos la capacidad de apreciar la aptitud del interesado para una determinada situación de revista (en el caso, el ingreso a la Institución), con suficiente autonomía funcional, derivada del principio de división de poderes.