Tribunales por País · página 93

El comportamiento vejatorio, humillante y brutal, causante de esos daños psíquicos acreditados, no era necesario para asegurar la muerte, sino que solo sirvió para aumentar deliberadamente el sufrimiento que durante su larga agonía padeció la víctima.

A raíz de esta prohibición se tipifica un nuevo delito que castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes utilicen estas sustancias para realizar cirugías estéticas. Las clínicas y profesionales que deseen llevarlas a cabo deberán estar previamente habilitados.

No existen razones sólidas que hagan plausible la hipótesis de que el ciudadano reclamado pueda ser objeto de actos de persecución y/o discriminación por motivos de raza, religión, sexo, nacionalidad, idioma, condición social y/o personal en su país, ni prever pruebas concretas de que su situación jurídica se verá agravada por alguno de estos elementos.

Sí bien las pericias forenses no son vinculantes para el juez y la declaración de inimputabilidad comporta un juicio eminentemente jurídico, no se advierten razones valederas que, conforme las reglas de la sana crítica racional, obliguen a apartarse de las apreciaciones sentadas por las peritos forenses intervinientes.

Una vez que la víctima ha presentado un caso prima facie en el que se acredita la existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de una empresa, la carga de la prueba pasa al autor -en este caso, la empresa-, debiendo demostrar que no hizo tal distinción o que, en su caso, existió una justificación objetiva y razonable que amparara esta diferencia de trato.

La jueza aplicó una norma que no se encontraba vigente al momento de la emisión del fallo. Así, se evidencia la vulneración al derecho a probar de la actora, toda vez que los medios probatorios ofrecidos en su recurso de apelación no fueron admitidos en función a una norma derogada.

La disposición no brinda ninguna oportunidad para que la persona sancionada presente argumentos en su defensa. En el caso de los solicitantes, simplemente recibieron cartas del jefe de Seguridad informándoles que se les prohibió ingresar al parlamento durante un año. Además, la ordenanza no prevé ningún procedimiento claro para impugnar la medida.

Las normas mexicanas contienen cláusulas, que, per se, resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. El derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.

Salvo que se trate de vulneración de algún derecho fundamental de orden sustantivo, las posibles deficiencias procesales sólo pueden tener incidencia en el juicio oral cuando determinen la nulidad, por su ilicitud, de alguna prueba determinada. Y esto no ocurre cuanto se trata de casos de incompetencia territorial.

El legislador pretende asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones de reparto y garantizar así su sostenibilidad. En particular, se tuvo en cuenta el aumento de la esperanza de vida.

Las empresas están obligadas a soportar, sin derecho a indemnización, las restricciones que a sus operaciones pueda ocasionar la normativa de protección del medio ambiente, sin embargo, esa carga no es absoluta, más si se prohíbe la actividad económica.

La venta de criptomonedas obtenidas por donaciones o por las actividades de soporte a una criptomoneda son tributables conforme a la Ley danesa de impuestos.

El ejercicio del derecho constitucional a réplica no puede estar limitado por los valores de publicación de la réplica.

La mera referencia a unos antecedentes policiales que consisten sólo en la mención del delito y la fecha de la detención, de los que se ignora si están caducados o no ni el curso judicial de los mismos, son insuficientes por sí solos para deducir un comportamiento personal contrario al orden público o a la seguridad pública.

Con el propósito de prevenir un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a examinar la solicitud de medidas provisionales y las observaciones a la misma, esta Corte estima necesario ordenar al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar la decisión del tribunal nacional.

Agregar una marca para un bien o servicio no otorga prioridad para todos los demás bienes o servicios en la solicitud de marca. Ello sería claramente contrario a los principios bien establecidos del derecho de marcas sancionar la incorporación de una marca con una impresión comercial limitada a otra con una impresión comercial más amplia.

Trabajador fue sometido a una intervención quirúrgica de su hombro y al practicarse la anestesia falleció por un paro cardiorrespiratorio.

La concesión de una medida cautelar en las acciones directas depende de la presencia de dos supuestos materiales, a saber, la plausibilidad jurídica de las pretensiones del actor (fumus boni iuris) y la posibilidad de daño resultante de la demora en la decisión postulada (periculum in mora).

No se acreditó dentro del paginario de la actuación la efectiva puesta en peligro del bien jurídico tutelado de la fe pública, en tanto no se observó interés de los destinarios de los 335 documentos expedidos, que se hubiere visto afectado con su expedición bajo las condiciones varias veces reseñadas y así tampoco entre estos y la comunidad.

Tampoco es fácil contratar personas discretas que por poco dinero estén dispuestas a alijar la droga (teoría de los bienes escasos).

En caso de que el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que las disposiciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales en el ámbito laboral no respetan las condiciones y los límites establecidos por el artículo 88, apartados 1 y 2, del Reglamento General de Protección de Datos, deberá comprobar además si dichas disposiciones constituyen una base jurídica contemplada en otro artículo de este.

No estamos, como ocurre con la responsabilidad civil de naturaleza tributaria, ante una responsabilidad "ex lege", sino ante una responsabilidad derivada del delito, es decir, dirigida a reparar el daño causado: no se trata del plazo para devolver cantidades indebidamente percibidas, sino de restituir lo que ha sido objeto de un delito de estafa.

El trámite de restitución internacional se encuentra supeditado solamente a que se acredite la ilicitud de un traslado o retención de una persona menor de edad, que consiste en la infracción a la ley vigente en el estado de residencia habitual del niño, siendo que la mentada Convención de la Haya no resuelve las problemáticas del derecho aplicable y jurisdicción en el tema del cuidado.

Los derechos a la protesta y a la libertad de expresión para nada deben entenderse en términos absolutos, sino que, por el contrario, pueden encontrar límites en fundamentos tales como la seguridad, el orden público, la salud y moral públicas, como también la protección de derechos y libertades de terceros.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Reformará México su Constitución?

Su ingreso formal se llevará a cabo en julio, en el marco de una reunión ministerial y tras dos años de negociaciones. El interés británico de ser parte del TPP11 se enmarca en la estrategia de inserción global que impulsó el Reino Unido tras el Brexit.

La expulsión colectiva se produce cuando los casos particulares de las personas no se evalúan por separado. Italia no refutó la alegación de los demandantes de que no se habían realizado entrevistas individuales antes de que firmaran las órdenes de denegación de entrada.

La discriminación directa exige una diferencia de trato por razón o causa del sexo del trabajador, lo que implica que en este caso no pueda hablarse de dicha discriminación, pues las camisetas que son objeto de las presentes actuaciones son las mismas, con independencia del sexo.

En el estándar que determina la ideal figura del ciudadano medio, resulta de general conocimiento que la repetida y periódica imposición de ingresos en una cuenta bancaria, sin justificación o fundamento alguno, pudiera estar comportando de actividades delictivas.

Los derechos reproductivos se circunscriben al reconocimiento de las personas de decidir libre y responsablemente si desean tener hijos, la oportunidad de la reproducción, con qué frecuencia, cuántos hijos tener, elección de la persona con quien desea tener hijos, o elegir el método anticonceptivo de su preferencia. Para tal efecto, resulta imperativo que las mujeres tengan a su alcance toda la información y todos los métodos anticonceptivos que el Estado les pueda suministrar.