Derecho a la salud de población penal.

Es deber del Estado asegurar que las personas privadas de libertad que desarrollan enfermedades mentales tengan acceso a tratamiento médico, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La población privada de libertad tiene derecho a recibir atención médica de diversos especialistas, así como tratamientos completos en forma oportuna.