Aprobada por el Congreso de los Diputados.

Entró en vigor en España nueva normativa que permite al Gobierno intervenir redes y comunicaciones electrónicas si se producen alteraciones del «orden público» o en caso de «amenazas para la seguridad nacional».

La principal novedad de esta normativa reside en que ahora el Ejecutivo no necesitará autorización judicial para proceder al corte de redes y comunicaciones, como necesitaba hasta ahora para, por ejemplo, cerrar páginas web en caso de que existiesen indicios de la comisión de un ilícito penal.