Libertad de expresión
Consejo Constitucional de Francia frena veto a redes sociales para menores de 15 años
El Consejo Constitucional de Francia anuló la medida impulsada por el Gobierno francés que impedía a los menores de 15 años utilizar redes sociales, al considerar que la restricción constituye una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y comunicación de la población juvenil.
El Consejo Constitucional de Francia anuló la medida impulsada por el Gobierno francés que impedía a los menores de 15 años utilizar redes sociales, al considerar que la restricción constituye una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y comunicación de la población juvenil.
El organismo sostuvo que el artículo primero de la ley, mediante el cual el Ejecutivo buscaba proteger a los menores de los riesgos asociados al uso de estas plataformas, afecta la libertad de expresión y comunicación de las personas menores de 15 años de una manera que no resulta “adecuada, necesaria ni proporcionada”.
En su fallo, el Consejo Constitucional advirtió que la prohibición de acceso de los menores de 15 años a determinados servicios en línea implica necesariamente que toda persona, incluidos los adultos, deba acreditar su edad antes de acceder a ellos. Sin embargo, sostuvo que, al no establecer la ley las condiciones y límites bajo los cuales debe realizarse dicha acreditación, el legislador no estableció las garantías jurídicas necesarias para asegurar el cumplimiento de esos requisitos.
La medida, de no haber sido anulada, habría entrado en vigor en septiembre. Desde esa fecha, los menores de 15 años no podrían crear nuevas cuentas y las empresas dispondrían de cuatro meses para eliminar las cuentas existentes. De esta manera, la norma habría quedado plenamente vigente desde enero.
El 21 de julio de 2026, el Ejecutivo francés había aprobado la medida con 243 votos a favor en el Senado y 279 en la Asamblea Nacional. La iniciativa buscaba prohibir el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años, en un contexto de preocupación por los efectos de estas plataformas sobre la salud y seguridad de este grupo de población.
La propuesta contemplaba que, desde el 1 de septiembre, los menores no pudieran abrir cuentas propias y que las empresas dispusieran de cuatro meses para eliminar las ya existentes.
Desde su planteamiento, la iniciativa había generado controversia. Algunos parlamentarios franceses cuestionaron que pudiera aplicarse con rapidez, debido a que las plataformas debían desarrollar sistemas de verificación de edad aprobados por el regulador francés de protección de datos. La norma también contemplaba prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas.
La legislación alcanzaba además a plataformas como YouTube y WhatsApp.
La Comisión Europea también trabaja en un objetivo similar al planteado por Francia, aunque su regulación aún se encuentra en desarrollo.
Francia se había convertido en el primer país europeo en adoptar una medida de estas características, siguiendo el precedente establecido por Australia que, en diciembre de 2025, prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años. La medida obligó a plataformas como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y Kick a adoptar “medidas razonables” para identificar y desactivar las cuentas de usuarios que no cumplieran con el límite de edad establecido. Las autoridades advirtieron que la lista de plataformas podría modificarse y que incluso podrían imponerse nuevas medidas.
El primer ministro australiano sostuvo entonces que los jóvenes debían aprovechar las vacaciones escolares para desarrollar otras actividades, como practicar un deporte, aprender un instrumento, leer y pasar tiempo con sus amigos y familiares. La iniciativa gubernamental buscaba proteger la salud mental de niños y adolescentes y reforzar su seguridad.
El Gobierno federal australiano explicó que la exposición a las redes sociales puede generar problemas de ansiedad, baja autoestima y aislamiento, además de fenómenos como el ciberacoso y el grooming, entendido como engaño pederasta.
El incumplimiento de la normativa puede implicar multas de hasta 30 millones de euros y ha establecido un precedente seguido por otros países. Algunos estados de Estados Unidos y países como Dinamarca y Malasia han señalado que sus gobiernos estudian implementar medidas similares.
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