Derechos sociales.

Autoridades están obligadas a proteger el derecho a la vivienda de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad en los procedimientos de desalojo, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

En procedimientos de desalojo las autoridades deben adoptar acciones para proteger el goce efectivo del derecho a la vivienda de la población ocupante, pues son sujetos de extrema vulnerabilidad.